Pensiones y racionalidad JVV
Pensiones y racionalidad
Pensiones en España desde el enfoque RMS (Realismo, Magnitudes y Sostenibilidad)
El texto plantea una idea incómoda pero fundamental: el problema de las pensiones en España no es ideológico, sino aritmético y demográfico. Tanto la izquierda como la derecha tienden a proponer soluciones que evitan afrontar la cuestión central: el sistema de reparto está sometido a una presión creciente por el envejecimiento de la población.
1. La primera lección RMS: pensar en órdenes de magnitud
Uno de los errores más frecuentes en el debate público es confundir problemas pequeños con problemas grandes.
El déficit del sistema contributivo y de clases pasivas ronda los 60.000 millones de euros anuales, cerca del 4% del PIB.
Frente a esta cifra aparecen propuestas como:
- Eliminar el gasto militar.
- Suprimir la Corona.
- Acabar con las "paguitas".
- Reducir cargos políticos.
- Combatir el fraude fiscal.
- Hacer pagar más impuestos a los ricos.
- Bajar impuestos para generar más actividad.
El problema es que muchas de estas medidas pueden tener sentido parcial, pero no alcanzan la escala necesaria.
Desde la perspectiva RMS, la primera pregunta siempre es:
¿La solución propuesta tiene una magnitud comparable al problema que pretende resolver?
En este caso, generalmente no.
2. El principio económico olvidado: el coste de oportunidad
La aportación más relevante del texto es recordar un concepto básico de economía:
Todo euro gastado en una partida es un euro que no puede gastarse en otra.
Incluso si España encontrara 30.000 o 40.000 millones adicionales:
- ¿deberían ir a pensiones?
- ¿a sanidad?
- ¿a educación?
- ¿a defensa?
- ¿a vivienda?
- ¿a infraestructuras?
- ¿a reducir deuda?
La cuestión no es únicamente conseguir recursos.
La cuestión es decidir cómo asignarlos.
Esto conecta directamente con uno de los principios centrales del proyecto RMS:
Los recursos son limitados; las necesidades son ilimitadas.
Por tanto, toda decisión económica implica elegir.
3. El problema sistémico: la demografía
Desde el pensamiento sistémico, el verdadero desafío no está en los presupuestos de un año.
Está en la evolución de la población.
España afronta simultáneamente:
- baja natalidad,
- elevada esperanza de vida,
- jubilación de la generación del baby boom,
- menor número relativo de trabajadores por pensionista.
La ecuación básica del sistema de reparto es sencilla:
Trabajadores actuales → financian pensionistas actuales
Cuando aumenta el número de pensionistas y disminuye la proporción de trabajadores:
- suben cotizaciones,
- aumenta deuda,
- aumentan impuestos,
- o se reduce la generosidad futura del sistema.
No existe una quinta opción mágica.
4. Relación con la productividad: el gran tema de España
Aquí aparece uno de los puntos más importantes analizados en este proyecto.
El problema de las pensiones no puede separarse del problema de la productividad.
Si España consigue:
- más productividad,
- salarios más altos,
- empresas más competitivas,
- mayor valor añadido,
entonces:
- aumentan cotizaciones,
- aumenta recaudación,
- aumenta PIB.
Y el peso relativo de las pensiones se vuelve más manejable.
Por eso el debate de pensiones está conectado con:
- educación,
- innovación,
- industria,
- IA,
- tamaño empresarial,
- competitividad.
No son debates independientes.
Son partes del mismo sistema.
5. El enfoque RMS: pensiones como consecuencia, no como causa
Uno de los errores habituales consiste en tratar las pensiones como un problema aislado.
Desde RMS las pensiones son una variable de resultado.
Detrás aparecen:
Capital humano
- formación,
- cualificación,
- productividad.
Capital productivo
- inversión empresarial,
- digitalización,
- automatización.
Demografía
- natalidad,
- inmigración,
- envejecimiento.
Competencia sistémica
- presión de China,
- presión tecnológica de EE.UU.,
- pérdida de competitividad europea.
Si la economía genera poco valor añadido, sostener un sistema de reparto generoso resulta cada vez más difícil.
6. La paradoja política
El texto identifica correctamente una dinámica frecuente:
Narrativa de izquierda
"Hay dinero suficiente si eliminamos privilegios y aumentamos impuestos."
Narrativa de derecha
"Hay dinero suficiente si reducimos gasto improductivo y bajamos impuestos."
Ambas contienen parte de verdad.
Pero ambas evitan responder a la pregunta principal:
¿Qué porcentaje del PIB puede dedicar una sociedad envejecida a pensiones sin comprometer el resto de funciones del Estado?
Esa es la cuestión estructural.
7. Conclusión RMS
La discusión sobre pensiones suele centrarse en partidas presupuestarias concretas. Sin embargo, el problema real es mucho más profundo.
No estamos ante un problema de contabilidad anual.
Estamos ante la interacción de cuatro fuerzas sistémicas:
- Demografía adversa.
- Baja productividad relativa.
- Escaso crecimiento potencial.
- Competencia sistémica global.
Por ello, la sostenibilidad futura de las pensiones dependerá menos de encontrar unos miles de millones adicionales en los presupuestos y más de una cuestión mucho más difícil:
¿Será España capaz de generar suficiente valor añadido por trabajador en las próximas décadas para sostener simultáneamente pensiones, sanidad, educación, defensa e inversión productiva?
Desde el enfoque RMS, esa es la verdadera pregunta. Las pensiones no son un problema aislado del sistema económico; son uno de los principales indicadores de su capacidad para generar prosperidad sostenible en una sociedad envejecida
Analisis de los textos de Jesus Fernandez Villaverde
Un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y uno contributivo. Lamentablemente, nuestro sistema es casi exclusivamente de reparto
En mi entrada anterior, junto a Luis Garicano y Tano Santos, hablé de la urgencia de que España apostase decididamente por una agenda de crecimiento económico. Esta apuesta solo será viable si saneamos las cuentas públicas.
Las últimas semanas de debate sobre la revalorización de las pensiones y su agitado trámite parlamentario demuestran que nuestro Estado del bienestar atraviesa una situación muy compleja y que, sin embargo, una solución política parece inalcanzable. Todos los partidos han demostrado ser rehenes de la realidad electoral: en España, solo se ganan elecciones con el voto de los jubilados.
Más preocupante aún es el nivel del debate en los medios. Al ver extractos de programas de televisión sobre pensiones, es desolador escuchar tanto a los "expertos" como al público luchar contra hombres de paja o ignorar las grandes cifras. Aunque estos debates puedan parecer irrelevantes, revelan un problema profundo de nuestra sociedad: el español medio aún no entiende qué es una restricción presupuestaria ni las magnitudes clave del presupuesto público, tanto en ingresos como en gastos.
Para paliar, en la medida de mis limitadas capacidades, esta situación, inicio hoy una serie de tres entradas titulada "Pensiones y racionalidad", donde explicaré con cierto detalle por qué nuestro Estado del bienestar enfrenta dificultades debido al inexorable crecimiento del gasto en pensiones, qué cifras debemos tener en mente y qué opciones razonables pueden diseñarse para salir de la encrucijada actual.
Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero es reversible por ley
En esta primera entrada, presentaré una serie de ideas básicas para enmarcar el debate. Pido al lector que, incluso si cree conocer bien el sistema de Seguridad Social en España, no se salte esta introducción. Quizás encuentre en ella explicaciones desde una perspectiva distinta a la habitual.
La idea clave es que, en España, como en la mayoría de los países, el sistema de pensiones público es de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados de hoy. No existe ningún sentido, ni contable ni jurídico, en el que las cotizaciones pasadas de un pensionista paguen su pensión actual. Esas cotizaciones ya se usaron en su momento para pagar a los jubilados de entonces.
Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero este cálculo es siempre reversible por ley. No constituye un "derecho" en el mismo sentido en que uno tiene derecho al saldo de su cuenta de ahorros. De hecho, dado el constante vaivén legislativo en España, dudo que haya muchos pensionistas que hayan cotizado bajo un mismo marco legal a lo largo de toda su vida laboral y recibido su pensión de retiro con este. A menos, claro, que trabajaran muy pocos años y murieran poco después de jubilarse, antes de que las Cortes tuvieran tiempo de cambiar nada.
Algunos comentaristas califican nuestro sistema de pensiones como un esquema de Ponzi porque depende de la entrada constante de nuevas generaciones de trabajadores. Si todos los trabajadores de España se retiraran a la vez, no habría ingresos para pagar las pensiones.
Sin embargo, esta calificación presenta dos problemas. El primero es que, paradójicamente, los esquemas de Ponzi (o las burbujas, en términos más generales) pueden aumentar el bienestar agregado de una sociedad. Una de mis preguntas favoritas en los exámenes de macroeconomía plantea un modelo sencillo en el que la creación de una burbuja, al inflar artificialmente el valor del colateral, permite a las empresas con ideas innovadoras obtener la financiación necesaria para invertir. En ciertas condiciones, una burbuja puede ser útil. Desde esta perspectiva, llamar a algo esquema de Ponzi no lo hace bueno ni malo. Sin embargo, me temo que ni el público ni muchos economistas comprenden este matiz, y el término carga con una connotación negativa. De hecho, así es como lo usan los críticos del sistema.
El segundo problema de llamar a la Seguridad Social un esquema de Ponzi es que sugiere que un sistema de reparto es una estafa piramidal. No lo es; es un mecanismo de reparto de riesgos entre generaciones.
Veamos qué significa esto. Imaginemos que, en lugar de un sistema de reparto, existiera un sistema de capitalización. En este modelo, cada trabajador contribuiría a un fondo de pensiones y, con el tiempo, usaría esas contribuciones y los rendimientos obtenidos para financiar su jubilación. Este sistema podría estar gestionado por el Gobierno o por una entidad privada (de manera similar, un sistema de reparto puede ser privado, como en muchas mutuas a lo largo de la historia).
Por ejemplo, yo tengo un plan de jubilación en Estados Unidos llamado 403(k). Mi universidad y yo aportamos al plan cada mes hasta un límite fijado por el Gobierno. El dinero es mío y decido, con ciertas restricciones, dónde invertirlo. La empresa que lo gestiona, en mi caso TIAA (una entidad sin ánimo de lucro cuyos beneficios se reinvierten en los titulares de los planes), actúa solo como custodio de mis activos financieros y cobra una pequeña comisión anual de gestión, que en mi caso es del 0,1% de mis activos totales.
Se puede demostrar que un sistema de capitalización genera rendimientos medios más altos que los rendimientos implícitos de un sistema de reparto. En un sistema de reparto, el rendimiento es igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo, menos uno. Un ejemplo numérico ilustra esta idea.
Pensemos en una economía simple con un sistema de reparto puro, sin superávit ni déficit: cada generación cotiza exactamente lo necesario para pagar las pensiones de la anterior.
En el primer período (supongamos que cada período dura 35 años), hay 100 trabajadores, cada uno con un salario de 200 euros. Pagan una cotización social del 40% (80 euros), lo que les deja un salario neto de 120 euros.
En el segundo período, los 100 trabajadores anteriores se han jubilado y una nueva generación entra en el mercado laboral con 110 trabajadores (el empleo ha crecido un 10%, o una tasa bruta de 1,1). Cada trabajador ahora gana 250 euros (la economía ha crecido un 25%, lo que ha elevado los salarios en la misma proporción, con una tasa bruta de 1,25). Siguen pagando una cotización social del 40% (100 euros). Todas las cifras están en valores reales, es decir, ya descontado el efecto de la inflación.
Es decir, que en el segundo período, la recaudación total por cotizaciones sociales es de 11.000 euros (110 trabajadores pagando 100 euros cada uno). Al repartirse entre 100 jubilados, cada uno recibe 110 euros, o una tasa de reemplazo del 91,66% (110 euros de pensión/120 salario neto). Como en el período anterior la cotización social fue de 80 euros, la tasa de rendimiento del sistema de reparto es 110/80 = 37,5%. Si multiplicamos la tasa bruta de crecimiento del empleo (1,1) por la tasa bruta de crecimiento de la economía (1,25) y restamos uno, obtenemos exactamente ese 37,5% (1,1×1,25-1 expresado como porcentaje).
En comparación, un sistema de capitalización genera un rendimiento medio igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo y multiplicado por la inversa de la tasa de descuento intertemporal de la economía, menos uno. Aquí el lector tendrá que confiar en mi palabra: explicar este resultado sin matemáticas es complicado (y, además, hay ciertas sutilezas sobre el significado exacto de la "tasa de descuento intertemporal de una economía"). Lo único que tiene que entender el lector es que, dado que la inversa de esta tasa de descuento intertemporal es mayor que uno, el sistema de capitalización ofrece mejores medios rendimientos que el sistema de reparto precisamente por este factor.
La palabra clave aquí, sin embargo, es "medio". Mi plan 403(k) enfrenta dos riesgos. El primero es que, justo cuando me jubile (o poco después), una crisis financiera reduzca drásticamente el valor de mis activos. Esto le ocurrió a un buen amigo del doctorado: se retiró en mayo de 2019 y, pocos meses después, llegó la pandemia, lo que le dejó en dificultades hasta que la bolsa se recuperó. Se puede intentar mitigar este riesgo trasladando la inversión a activos más seguros, como deuda del Estado, a medida que se acerca la jubilación. Sin embargo, calibrar la velocidad de transición es complejo. Además, mantener una cartera excesivamente conservadora, incluso después de jubilarse, rara vez es la mejor estrategia de inversión.
Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Pero estas suelen ofrecer rendimientos bajos
El segundo riesgo es el de supervivencia: si me jubilo a los 67 años, no sé cuánto tiempo viviré y debo calcular una tasa de retiro segura. Es decir, la cantidad mensual que puedo extraer de mi plan de jubilación para evitar quedarme sin dinero antes de morir, pero también sin acumular más riqueza de la que podré disfrutar (o que quiera dejar en herencia).
Si el lector cree que calcular una tasa de retiro segura es sencillo, se equivoca. El amigo al que me refería antes ha pasado décadas estudiando este problema: era su campo de trabajo profesional y el hecho de que pudiera jubilarse a los 45 años con dinero de sobra para irse a viajar por el mundo con su familia debería bastar para demostrar que muchas personas en el mercado de capitales internacional confiaban en su inteligencia. Y sí, era, con diferencia, el más brillante de mi clase de doctorado en Minnesota.
Aún hoy, los planes de jubilación tienen un trato fiscal poco favorable y, peor aún, soportan comisiones de gestión abusivas
Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Sin embargo, estas suelen ofrecer rendimientos bajos porque el asegurado sabe más que el banco sobre su propia salud (y la de sus padres, que es un buen predictor de la suya). Además, lo que es casi más grave, está el riesgo de que la entidad financiera que vendió la renta vitalicia quiebre. En comparación, que la empresa que gestiona mi plan de pensiones quiebre no es más que un incordio menor: es solo la custodia de mis activos, que han sido siempre míos y, por el diseño del sistema, no han podido ser trasladados a ningún sitio.
Un sistema de reparto cubre, al menos parcialmente, estos dos riesgos. Si una crisis financiera grave golpea la economía en torno a mi edad de jubilación, el Estado puede emitir deuda pública para cubrir déficits transitorios del sistema y sostener el valor de las pensiones (o reducirlo mínimamente). Además, la pensión de reparto se cobra de forma vitalicia, distribuyendo el riesgo de supervivencia entre todos los participantes.
Por ello, un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y un pilar contributivo (que puede ser gestionado por el Estado central).
Lamentablemente, en España, nuestro sistema de jubilación es casi exclusivamente de reparto. Hay dos razones clave para ello.
La primera es que, históricamente, nuestros mercados financieros eran pequeños e ineficientes, lo que dificultaba la creación de un sistema de capitalización privado. Se podría haber creado un sistema de capitalización público, pero la tentación de optar por el reparto es irresistible para cualquier político. El reparto permite que la primera generación cobre pensiones elevadas tras haber aportado poco o nada.
Aquí es donde quienes critican el reparto como un esquema de Ponzi aciertan: los primeros en llegar se benefician enormemente, generando lealtades electorales duraderas. El mejor ejemplo es el de Ida May Fuller, la primera persona en cobrar una pensión del Sistema de Seguridad Social de Estados Unidos. Ida contribuyó con 24,75 dólares y recibió 22.888,92. Aunque los cobros deberían ajustarse por inflación, en términos nominales, recuperó 925 veces su aportación. Sospecho que Ida siempre vio con buenos ojos al Partido Demócrata, creador del sistema que tanto la benefició.
Con un sistema de reparto, cambiar a uno de capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces
La segunda razón es que, aún hoy, los planes de jubilación tienen un trato fiscal poco favorable y, peor aún, soportan comisiones de gestión abusivas. Que en España las gestoras cobren comisiones de hasta el 1,5% es un saqueo difícil de justificar sin aludir a las barreras de entrada del sector.
El gran problema es que, una vez instaurado un sistema de reparto, cambiar a uno basado en la capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces: las cotizaciones sociales para cubrir las pensiones actuales y las contribuciones a su propio plan de jubilación. Por más que se hagan números, casi nunca cuadra.
A veces veo cálculos en redes que intentan justificar que esto es viable, pero se desploman como castillos de naipes en cuanto se toman en serio las tasas de retorno y el riesgo. AQR Capital Management no se ha perdido ningún genio por no contratar a los autores de estos cálculos.
Se puede y se debe avanzar en España hacia introducir un componente de capitalización en el sistema de pensiones (de entrada, eliminando barreras de entrada en el mercado de gestión de planes de pensión), pero esto es un refuerzo de otras medidas de reforma del sistema, no la solución a nada.
El problema fundamental de nuestro sistema de reparto es que la recaudación de las cotizaciones sociales en este momento es muy insuficiente para cubrir las pensiones actuales. Según las cifras preparadas por Ángel de la Fuente, el sistema contributivo en su conjunto (hay que considerar todos los componentes del mismo, como las clases pasivas; es decir, el antiguo régimen a extinguir de los funcionarios) entró en déficit en 2010. Desde aquel año, el déficit contributivo no ha hecho más que crecer de manera prácticamente ininterrumpida.
En el avance presupuestario de 2024 (los números finales aún pueden variar mínimamente antes de la liquidación definitiva), el gasto en pensiones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros (precios de 2024), un 14,26% del PIB de España.
Vale la pena detenerse en lo que esto significa: uno de cada siete euros que genera la economía española se destina al pago de estas pensiones contributivas y de clases pasivas.
Esto no implica, por supuesto, que los pensionistas contributivos y de clases pasivas solo reciban esa proporción del PIB. Perciben muchos otros ingresos adicionales.
Un ingreso adicional y que casi siempre se nos olvida es el de los alquileres de las viviendas en propiedad. España cumple, al elaborar su contabilidad nacional, con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. El sistema europeo, como prácticamente todos los sistemas de contabilidad nacional, considera que el alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios forma parte de la producción, la renta y el gasto en consumo final de los propietarios.
¿Qué significa esto? Imaginemos que Pedro, un jubilado con una pensión contributiva de 28.000 euros anuales, vive en una vivienda de su propiedad. Si la pusiera en el mercado de alquiler, podría obtener 2.000 euros al mes, o 24.000 euros anuales. En términos de PIB, se computa que Pedro genera una producción de servicios inmobiliarios de 24.000 euros que se "auto-vende", lo que convierte esa cantidad tanto en parte de su renta (ingresos de capital) como de su consumo. Además, dado que el IBI en España es comparativamente bajo, estos 24.000 euros de renta del capital están muy bien tratados fiscalmente. En otras palabras, la renta nacional que se lleva Pedro no son solo los 28.000 euros de su pensión, sino 52.000 euros: su pensión más el alquiler imputado.
Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España, su participación en la renta nacional es mayor que el 14,26%
¿Por qué la contabilidad nacional sigue este criterio? Para que el PIB no varíe según quién sea el propietario de la vivienda. Si Pedro vendiera su casa a su prima María Jesús y le pagara un alquiler mensual con los intereses generados por la venta, el PIB no debería cambiar. El servicio de vivienda (Pedro viviendo en la misma casa) sigue siendo el mismo. (Sí, hay pequeños detalles como impuestos o costes de mantenimiento que aquí omito).
Esto implica que una parte significativa de las rentas del capital va a los propietarios de vivienda, muchos de ellos que no son "ricos" bajo ninguna definición razonable. Seguramente, Pedro no se considera un "capitalista", pero lo es. Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España (y otras propiedades y rentas que poseen), su participación en la renta nacional es mucho mayor que el 14,26%.
En 2024, el gasto del sistema ascendió a 242.253 millones, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos fueron de un 11,10% del PIB
Volvamos a ese 14,26% del PIB que representan las pensiones contributivas y de clases pasivas. El problema es que las cotizaciones sociales contributivas en 2024 fueron solo de 166.136 millones de euros, un 10.47% del PIB. Es decir, el sistema contributivo y de clases pasivas tuvo un déficit de 60.105 millones de euros, un 3,79% del PIB. Esto sin contar los gastos de gestión, aunque estos últimos son mínimos (2.307 millones de euros) y no provienen exclusivamente del sistema contributivo puro.
Pero este no es el déficit total del sistema. Además de las pensiones contributivas, hay que sumar el gasto en prestaciones no contributivas (algunas, aunque muy pequeñas, de carácter sanitario) y los costes de administración del sistema.
Por el lado de los ingresos, el sistema cuenta con aportes adicionales de escasa cuantía y una parte de las cotizaciones sociales que provienen de bases de cotización superiores a las que generan la pensión máxima. Estas últimas pueden considerarse un impuesto no contributivo.
En 2024, el gasto total del sistema ascendió a 242.253 millones de euros, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos, sin transferencias del Estado, fueron de 176.047 millones, un 11,10% del PIB, lo que dejó un déficit total de 66.206 millones de euros, equivalente a un 4,17% del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos (que, al final del día, son lo mismo).
Para poner esta cifra en contexto: el déficit total de las administraciones públicas en España en 2024 cerrará en torno al 3% del PIB. Es decir, sin el déficit del sistema de pensiones, el conjunto de las administraciones públicas tendría superávit este año.
En mi siguiente entrada explicaré cómo este déficit del 4,17% condiciona por completo el presupuesto público en España y cómo, al crecer rápidamente en los próximos años, agravará aún más la situación fiscal. Conviene recordar que el sistema estaba en superávit en 2009 (+0,31% del PIB). En solo 15 años, su saldo presupuestario ha caído 4,48 puntos del PIB y lo peor está por llegar. Desde mi perspectiva, este es el mayor desafío presupuestario al que nos enfrentamos.
En mi primera entrada de esta serie sobre pensiones y racionalidad, señalé cinco aspectos básicos de la situación actual de nuestro sistema público de pensiones.
Primero, España tiene un sistema público de pensiones de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones (y otras prestaciones contributivas) en curso. Las cotizaciones pasadas ya se usaron para pagar prestaciones en su momento. De hecho, esas cotizaciones ni siquiera fueron suficientes en el pasado, ya que el sistema arrastra déficits contributivos desde 2010.
Segundo, los pensionistas actuales no tienen "derechos" acumulados sobre su pensión en el sentido jurídico estricto del término, como sí los tiene, por ejemplo, el propietario de una vivienda sobre la misma. Las bases de cotización pasadas son simplemente un elemento del cálculo de la pensión, que puede modificarse por ley en cualquier momento, aumentando o reduciendo los pagos del sistema. Esta ausencia de un "derecho" a una pensión concreta no es una interpretación personal mía, sino lo que establece nuestro sistema jurídico. Cualquier "derecho" es un "derecho moral" que depende de la valoración subjetiva de cada persona de lo que es "justo" o deja de serlo.
Tercero, el sistema actual tiene un déficit descomunal que, además, no deja de crecer. Según los datos más recientes de 2024, el gasto en prestaciones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros, mientras que las cotizaciones sociales y de clases pasivas fueron de 174.250 millones de euros, lo que deja un déficit de 51.992 millones de euros. Si además excluimos las cotizaciones no contributivas, el déficit asciende a 60.136 millones de euros.
Cuarto, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de la diferencia entre prestaciones contributivas y de clases pasivas y las cotizaciones que las financian. En particular, este déficit no incluye:
- Ni un solo euro en prestaciones no contributivas. Esto es absolutamente clave. Una y otra vez se repite en prensa y televisión que el déficit del sistema público de pensiones proviene de las prestaciones no contributivas, pero esto es rotundamente falso.
- Ni un solo euro en los gastos de gestión del sistema. Estos 51.992 millones de euros de déficit son antes de pagar cualquier sueldo de funcionarios de la Seguridad Social o de cubrir los gastos operativos, como la electricidad que consumen los ordenadores que procesan los pagos. De hecho, los gastos de gestión del sistema son marginales en comparación: 2.307 millones de euros.
- Ni un solo euro en todos esos mitos que constantemente se repiten como causas del déficit del sistema. No proviene de las "paguitas" a inmigrantes (que no se contabilizan en esta parte de las cuentas públicas), ni de un supuesto "despilfarro" en tal o cual cosa. Como respondía el otro día a un comentario, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de las prestaciones contributivas pagadas a los "españoles de España" que cotizaron toda su vida (o a sus esposos en caso de viudedad).
Quinto, el déficit total del sistema (con gastos de gestión y prestaciones no contributivas) asciende a 66.206 millones de euros, un 4,17 % del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos. Y sí, al final del día, transferencias y préstamos son lo mismo: dinero que sale de otra parte del Estado para cubrir un déficit de otra parte del Estado
Recomendaría al lector que tenga siempre presentes estos cinco puntos básicos sobre nuestro sistema público de pensiones. Solo con conocerlos, se dará cuenta de que el 95% de lo que se dice o se escucha en prensa y televisión sobre este tema es incorrecto. Son datos objetivos, no opiniones.
En esta segunda entrada quiero completar tres tareas. Primero, explicaré por qué la tan cacareada "hucha de las pensiones" es un fraude contable. Segundo, argumentaré que el creciente déficit del sistema amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Tercero, analizaré por qué algunas de las supuestas "soluciones" al problema de las pensiones no son tales.
Empecemos por la "hucha de las pensiones". Hace unas semanas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, alardeó que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el nombre oficial de la "hucha") había llegado a 9.378 millones de euros a finales de 2024 y que llegaría a 14.000 millones a finales de 2025. Estas cifras deberían hacer sospechar al lector de inmediato. Como mencioné anteriormente, el déficit total anual del sistema es de 66.206 millones de euros. Es decir, los 9.378 millones de euros de la hucha cubren menos de 52 días de déficit del sistema.
Pero más allá de lo irrisoria que resulta la cifra en comparación con la magnitud del problema, lo más importante es entender qué se está haciendo realmente. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones creó el mecanismo de equidad intergeneracional, "una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social". En otras palabras, los trabajadores y las empresas pagan una cotización extra que, en vez de considerarse un ingreso del sistema, se contabiliza en una cuenta separada.
Pero como el sistema está en déficit y este déficit se financia en el margen con deuda pública, el contabilizar por separado los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional y con ello reducir los ingresos "regulares" del sistema de pensiones, lo único que estamos haciendo es crear una deuda pública por un monto exactamente igual al de la "hucha". Cada euro que entra en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un euro adicional de deuda del Estado. El efecto neto total es cero (de hecho, el Fondo de Reserva se invierte en deuda del Estado, lo que deja aún más claro que esto es un juego de trileros).
Dado que estos conceptos contables pueden resultar difíciles de seguir para quienes no están especializados en el tema, pongamos un ejemplo. Imaginemos que en 2025 usted planea gastar 30.000 euros, pero solo ganará 25.000 euros con su salario habitual, por lo que prevé un déficit de 5.000 euros. Para reducirlo, decide trabajar unas horas extra los fines de semana y gana 1.000 euros más.
Ahora tiene dos opciones para cubrir el déficit:
- Pedir un préstamo de 5.000 euros a su cuenta corriente (donde tiene fondos suficientes gracias a sus ahorros pasados) e ingresar en esa misma cuenta los 1.000 euros de las horas extra. En su cabeza, usted se "auto-debe" 5.000 euros, pero sabe que tiene 1.000 euros en una "hucha de horas extra" dentro de su propia cuenta, con lo que su situación no es tan grave.
- Gastar directamente los 1.000 euros de las horas extra y pedir un préstamo de 4.000 euros a su cuenta corriente.
¿Hay alguna diferencia entre deberse 5.000 euros con 1.000 en la hucha o 4.000 euros sin hucha? Ninguna. Pues bien, este es exactamente el fraude contable de la "hucha de las pensiones": separar ciertos ingresos (en mi ejemplo, el salario de las horas extra; en el sistema de pensiones, los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional) para hacer creer que existe un colchón de reserva (1.000 euros en el ejemplo, 9.378 millones en el sistema) cuando la deuda neta total sigue siendo la misma. Sí, tenemos 9.378 millones de euros en el Fondo de Reserva, pero también tenemos 9.378 millones de euros de deuda del Estado adicional.
Si bien es razonable considerar los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional al evaluar la salud financiera del sistema o la posibilidad de revalorizar las pensiones, llenar el Fondo de Reserva con esos ingresos y argumentar que eso garantiza la sostenibilidad del sistema es, sin rodeos, un fraude diseñado para engañar a los votantes.
Mi segunda tarea es argumentar que el creciente déficit del sistema de seguridad social amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Como resumía al principio de la entrada, el sistema tiene un déficit total del 4,17% del PIB y el mismo irá aumentando durante las próximas décadas. Según las previsiones que la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía del Gobierno de España incluidas en el 2024 Ageing Report de la Comisión Europea, el gasto total del sistema público de pensiones alcanzará un máximo del 17.3% del PIB en 2050, aproximadamente cuatro puntos adicionales de PIB con respecto al gasto en la misma partida en 2024.
Saltemos ahora a 2050 y asumamos que el sistema actual de pensiones sigue en vigor, con las previsiones de gasto del Ministerio de Economía, y que el resto del "gasto intocable" se mantiene. Este es un supuesto "heroico" dada la evolución esperada del déficit (y los consiguientes pagos de intereses) y el aumento del gasto sanitario derivado del envejecimiento, que superará con creces los ahorros en educación por la reducción del número de estudiantes. Con estas hipótesis, el "gasto intocable" subiría al 35,4% del PIB. Para que el gasto público total no sobrepase el nivel de 2023, el "gasto tocable" debería reducirse del 14,0% al 10,0% del PIB.
La realidad es aún peor. En 2023, las administraciones públicas tuvieron un déficit del 3,5% del PIB ("gasto intocable" de 31,4% más "gasto tocable" de 14,0% menos una recaudación del 41,9%). Si en 2050 quisiéramos equilibrar las cuentas con las previsiones de gasto actuales, el "gasto tocable" debería caer al 6,5% del PIB. Es simplemente imposible mantener un Estado moderno con un 10,0% del PIB (y mucho menos con un 6,5%) de "gasto tocable". Incluso los Estados liberales del siglo XIX, que no ofrecían muchos servicios públicos que hoy se consideran esenciales, gastaban más.
En resumen, durante los próximos 25 años, todas las cuentas públicas estarán dominadas por el envejecimiento y el gasto en pensiones y sanidad asociado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este gasto inminente?
El significado de "despilfarro" varía según la ideología del comentarista: para algunos, son los gastos en asesores o comunidades autónomas; para otros, el gasto en defensa o el rescate bancario. Este argumento tiene dos defectos: uno grave y otro catastrófico. Como ya hemos visto que el gasto en defensa es minúsculo (un 0,9% del PIB en 2023) y el rescate bancario hace mucho tiempo que ya se pagó, me centraré en algunos de los "unicornios" de la derecha: el gasto en asesores o comunidades autónomas.
El defecto grave es que los gastos en asesores, coches oficiales y otros conceptos, tanto en el Estado central como en las administraciones autonómicas y locales, representan una fracción mínima del gasto total. Recordemos: todo el "gasto tocable" es el 14,0% del PIB, e incluye, por ejemplo, los sueldos de militares, policías, jueces, personal de limpieza municipal o el mantenimiento de carreteras y faros. Aunque casos como el de David Sánchez me indignan tanto como a cualquiera, en términos relativos, lo destinado a estos rubros es insignificante.
Alguien podría argumentar que también hay despilfarro en el "gasto intocable". Tal vez un sistema centralizado de educación y sanidad sería más eficiente que el actual modelo autonómico. Pero, en el mejor de los casos, los ahorros se medirían en miles de millones de euros, no en decenas. Basta con comparar el coste de los sistemas educativos y sanitarios en países europeos centralizados, que suelen ser incluso más caros que el español. El grueso del gasto autonómico se destina a educación, sanidad y prestaciones sociales. Todo lo demás, por mucho que me indigne (cada vez que veo la última ocurrencia de la Junta General del Principado de Asturias me hierve la sangre), es marginal.
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Opinión Lo mismo ocurre con algunas prestaciones sociales. Se podrían reducir o eliminar las famosas "paguitas". Y pocas personas hay más partidarias que yo de cortarlas de manera radical e inmediata. Pero el gasto en estas ayudas es mínimo. El verdadero coste se va en pensiones contributivas para los "españoles de España" y en su sanidad.
En resumen, ¿existe grasa en el presupuesto público? Sí. ¿Cuánto? Después de muchos años pensando en este tema, calculo que un 3% del PIB: un 2% en "gasto tocable" y un 1% en "gasto intocable". Cualquiera que le diga otra cifra le está mintiendo para venderle un "crecepelo para calvos". Entiendo que sea más cómodo creer que el despilfarro es masivo y que recortarlo solucionaría todo. Pero eso solo evita afrontar la realidad: la necesidad de ajustes fiscales profundos. Yo le hablo como a un adulto y le digo la verdad.
Volvamos a los números. Supongamos que recortamos un 1% del PIB en "gasto intocable" y un 2% en "gasto tocable". En 2050, el "gasto intocable" sería del 34,4% del PIB y el "gasto tocable" del 12%, sumando un total de 46,4%. Con la misma recaudación que en 2023 (41,9% del PIB), tendríamos un déficit del 4,3% del PIB o la necesidad de subir impuestos en esa proporción.
Para entender el impacto, recordemos que el IVA recauda en España aproximadamente el 6,3% del PIB. Es decir, para cubrir ese déficit del 4,3% del PIB exclusivamente con subidas del IVA —y suponiendo que no afectara a la economía— el tipo general tendría que subir del 21% al 35%. Y como tal subida sí tendría efectos negativos, la carga impositiva real tendría que ser aún mayor.
El defecto catastrófico del argumento "basta con eliminar el despilfarro" es que ignora el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad. Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra.
Supongamos que España logra reducir el gasto público un 3% del PIB, como mencioné antes. La pregunta clave es: ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos? Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos.
Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%? Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible.
Pero este es precisamente el gran reto de España. Nadie quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones.
¿Qué soluciones realistas tenemos? Primera: el crecimiento económico. Un PIB mayor diluiría el gasto relativo en pensiones. Por eso, en diciembre, junto con Luis Garicano y Tano Santos, escribí un manifiesto por el crecimiento. Pero el crecimiento solo es posible si se contiene el gasto.
En mi tercera entrada explicaré cómo reducir el coste del sistema de seguridad social y reconducir las cuentas públicas hacia la sensatez. España puede elegir entre la insensatez del PSOE y el PP (que en este tema son indistinguibles) o la racionalidad. Tristemente, con casi total seguridad, elegiremos la insensatez.
https://blogs.elconfidencial.com/economia/la-mano-visible/2025-02-08/pensiones-racionalidad_4056537/
Edad jubilación
Agricultores y Pensiones
No, esta entrada no va sobre las pensiones de los agricultores, sino sobre uno de los argumentos de los Negadores y Negados (NyN) desde su tierra de Confusolandia. Me lo han contado hoy mientras me tomaba un café en el descanso de una conferencia en Madrid y me he estado riendo toda la tarde. Por poco me tengo que salir de la sala para no interrumpir el acto. Solo ahora, después de unas horas, se me ha calmado la risa lo suficiente para explicársela a nuestros lectores.
La idea, bastante peregrina, es la siguiente.
Los economistas que estamos preocupados sobre las pensiones deberíamos haber estado preocupados, por el mismo criterio, con la perspectiva de que íbamos a pasar de tener el 18% de los trabajadores en la agricultura al 2%, ya que esto supondría, según nuestros razonamientos, que no iba a haber suficientes alimentos para el resto del 98% de la población. Por supuesto, como tal evento no ha pasado, gracias al incremento de la productividad, esto demuestra (y la verdad, para ser sinceros, no termino de ver la conexión lógica), que el incremento de la productividad también salvará a las pensiones.
Este argumento está tan mal construido que creo que lo voy a nominar para la competición de la “Peor Analogía del Siglo (PAS)” pues me parece que será difícil que a nadie se le ocurra una peor (aunque no desesperen, la inventiva humana es ilimitada y esto, aparentemente, a los NyN no les falta) o que demuestra entender menos de lógica económica básica.
Los economistas nunca han estado preocupados por la reducción de la población agrícola ni estamos ahora preocupados por la reducción del empleo en la industria manufacturera. Ambas reducciones de empleo vienen causadas por el incremento de la productividad en sectores que tienen elasticidades de demanda con respecto a la renta baja. Es decir, más llanamente, cuando uno gana más dinero, no compra mucho más huevos o mucha más leche. Yo bebo la misma leche (y de la misma calidad) ahora que cuando vivía con un sueldillo de ayudante de investigación en el doctorado y aunque mi sueldo se multiplicase por 10 mañana, seguiría bebiendo la misma leche.
En una economía de mercado esto no tiene mayor secreto pues los precios envían la señal adecuada. Al subir la productividad de producir alimentos, los costes marginales de los agricultores más productivos caen, la caída de los costes marginales repercuten en menores precios y los precios más bajos inducen a los agricultores menos productivos a dejar el campo e irse a otros sectores (aclaración: los mercados agrícolas están fuertemente intervenidos, por ejemplo por la Política Agraria Común, con lo cual todo esto funciona a trompicones y sobresaltos).
Esa es la razón por la que hoy no me quita el sueño que la productividad en la industria crezca. El mercado, algunas veces más mal que bien y con costes personales indudables pero al final de manera casi inexorable, irá expulsando a los trabajadores de las empresas menos productivas del sector que se irán a otros. En 50 años no necesitaremos a casi nadie para producir coches. Ni los economistas teníamos miedo a que desaparecieran los alimentos hace cuatro décadas ni tenemos hoy miedo que desaparezcan los coches. De hecho, mi único miedo es que la productividad del sector automovilístico crezca tanto que terminemos con demasiados coches (los coches crean externalidades que el mercado no internaliza correctamente).
Con las pensiones el tema es totalmente distinto. Las pensiones se pagan con impuestos y son de reparto, con lo cual no es el mercado el que está determinando la asignación, sino el estado por medio de los parámetros del sistema.
La afirmación “el ratio de dependencia está cayendo y que esto crea un problema” es, pues, inherentemente diferente que la afirmación “el ratio de agricultores/consumidores está cayendo”. La primera se refiere a una relación mediada por el estado. La segunda a una por el sistema de precios. Los precios organizan intercambios voluntarios, los impuestos generan distorsiones. Vamos, que son cosas que poco tienen que ver y lo de los agricultores no viene a cuento en absoluto.
El argumento correcto es preguntarnos: ¿qué maximiza el bienestar social en el 2050, subir los impuestos un 6% o retrasar la edad de la jubilación? (ah, y por cierto, sí que existe un criterio objetivo de valorar estas dos asignaciones: mejoras potenciales en el sentido de Pareto). Que el bienestar social en el 2010 sea menor que en ambas alternativas es irrelevante, pues no es parte de la decisión.
Déjenme que les ponga un ejemplo sencillísimo. Imagínense que le toca en un sorteo un viaje “todo pagado” a Roma o a París para sus vacaciones. Uno tiene que decidir a cuál de las dos ciudades irse de viaje. El que ambas alternativas sean mejores que quedarse en su ciudad de origen en esa semana es irrelevante. Lo único que importa es si me gustan más las piedras del Coliseo o Versalles. Imagínense que usted le dice a un amigo, “voy a irme París, porque aunque me gusta menos que Roma, es mejor que quedarme en casa”. El amigo, con razón, le dirá que usted no está eligiendo correctamente y que aquello hace agua por todas partes.
Es por eso que argumentar que, ya que la productividad en el 2050 será tan alta que incluso aunque tengamos que pagar el 15% en pensiones no pasa nada porque habrá más recursos que en el 2010 es un error de lógica. En términos de mi ejemplo anterior, mi ciudad actual es el 2010, la buena fortuna del sorteo es el crecimiento de la productividad, París es subir los impuestos y Roma es retrasar la edad de jubilación.
Uno puede argumentar, y esto es un razonamiento legítimo, que el bienestar social es más alto con impuestos más altos que con retraso en la edad de jubilación (de igual manera que es legítimo preferir a París que Roma). Mientras que yo tengo una opinión distinta (basada tanto en modelos normales como en la evidencia empírica de los efectos distorsionantes de los impuestos), esta opinión la tengo que defender de igual manera que tengo que defender a Roma frente a París si alguien me pregunta por mi elección.
Por el contrario, el argumento “Nos lo podemos permitir” es sencillamente, ilógico. Decir que "da igual ir a Roma en vez de París porque Roma es mejor que mi ciudad" es no entender el concepto de coste de oportunidad, que sencillamente dice que uno tiene que valorar las decisiones por la mejor alternativa existente y que todas las demás alternativas son irrelevantes. Y esto no son mates ni cosas complicadas. Es mero sentido común.
Cada vez que escribo sobre pensiones, siempre aparece un listo con la misma cantinela: “el problema no es que las pensiones sean altas, es que los salarios en España son bajos”. JVV
Este argumento cumple con las tres características que tanto gustan al español medio:
Te permite subirte a la atalaya de la superioridad moral. ¿Quién puede estar en contra de salarios más altos? Es como estar en contra de la paz, las florecitas del campo o la tortilla de patatas.
Es sencillo y no exige esfuerzo mental, no sea que pensar provoque un tumor cerebral.
Es incorrecto.
El problema fundamental del sistema de pensiones español es que no hay equilibrio actuarial entre cotizaciones pasadas y pensiones actuales. Si capitalizamos las cotizaciones que los pensionistas pagaron al tipo de interés igual al crecimiento medio del PIB durante sus vidas laborales (el correcto en un sistema de reparto sostenible) y lo comparamos con el valor actuarial de la renta vitalicia que hoy reciben, vemos que esta es entre un 45 % y un 70 % más alta (según los detalles).
Es decir: los pensionistas reciben más de lo que aportaron, una verdad dolorosa que casi nadie quiere aceptar. He visto a comentaristas decirme “yo solo quiero que me paguen lo que coticé (capitalizado)”, aparentemente ignorantes de que están cobrando bastante más.
En números: por cada 1000 € de cotizaciones a lo largo de una vida laboral, el sistema paga unos 1500 € de pensiones. 500 € de déficit.
Imaginemos ahora que los salarios en España fueran el doble. El sistema, en vez de ingresar 1000 €, recibiría 2000 €… pero tendría que pagar 3000 €, con 1000 € de déficit. Nos ha costado la torta un pan.
La realidad es un poco más sutil (pensiones mínimas, máximos de cotización…), pero en lo esencial, salarios más altos no arreglan nada.
Lo que sí arregla la situación es que los salarios crezcan (independientemente de su nivel). ¿Por qué? Porque el crecimiento salarial va ligado al crecimiento del PIB (el cambio de proporción de la remuneración total de asalariados, incluidos los costes laborales que pagan las empresas, sobre el PIB total va a ser siempre de segundo orden cuantitativamente). Al poder capitalizar las cotizaciones a un tipo de interés más alto, la diferencia entre el valor de las cotizaciones y los pagos futuros se reduce. La clave es la tasa de crecimiento de los salarios, no su nivel.
Ya me imagino la objeción: “pues hagamos que suba el PIB y los salarios”. Ojalá fuera tan fácil:
El coste de las pensiones actuales (vía cotizaciones o impuestos) es tan alto que nos impide invertir en infraestructuras, educación o I+D, lastrando el crecimiento del PIB.
La presión fiscal actual (y creciente) ralentiza aún más el PIB.
Pero hay un punto incluso más importante, aunque sutil. Unos salarios en crecimiento significan que las pensiones serían más bajas en proporción al salario medio. ¿Nos creemos que el votante medio español permitiría esta situación? Yo soy muy escéptico. Veo mucho más probable que, en un contexto de crecimiento del PIB, habría mil presiones para “mejorar las pensiones” o que las mínimas se equiparasen con el salario mínimo (“como es de justicia”). Los españoles votarían entusiasmados por el Partido de los Nuevos Derechos Sociales que prometería “repartir la prosperidad”. Lo que ganamos con más crecimiento del PIB lo perdemos “repartiendo la prosperidad”.
Al final del día, el problema es fundamental: hasta que aceptemos que tiene que haber un factor de sostenibilidad ligando las pensiones con el crecimiento del PIB, no llegaremos a ninguna parte.
Cervantes lo entendió bien: los españoles creen en el bálsamo de Fierabrás. Lástima que no exista
la sostenibilidad de las pensiones públicas.
Primero, la productividad lleva estancada desde hace tres décadas. Crecemos desde hace años metiendo más gente a trabajar, que no es más productiva, y eso solo agrava el problema a medio y largo plazo. Segundo, la fecundidad sigue muy por debajo del nivel de reemplazo, y lleva tiempo suficiente como para que sus efectos ya estén en la pirámide de población, no en las proyecciones. Lo que podía tener sentido en 1995 ya no lo tiene en 2026.
Siempre insisto en que el problema fundamental de las pensiones en España es sencillo de enunciar: con una población envejecida, hay un límite a cuánto podemos gastar en ellas. Determinar ese límite es, desde una perspectiva analítica, básicamente independiente de la estructura del resto del presupuesto de las administraciones públicas. Y también es básicamente independiente de que el sistema sea de reparto, como el que tenemos ahora, o de capitalización. Ese es el motivo por el que nunca me tomo demasiado en serio a quienes sostienen que la “solución” consiste en movernos a un sistema de cuentas privadas: cambiar el envoltorio contable no altera la restricción de recursos. Tristemente, una parte muy importante de los votantes y de los creadores de opinión en España se niega a admitir esta premisa básica.
. Dejemos por un momento de lado que, como en tantos otros casos, la derecha y la izquierda más rancias coincidan en defender las instituciones que impiden el crecimiento y el bienestar de los españoles, y entremos en el fondo del asunto.
argumenta que: “Si fuera algo tan obvio, cabría preguntarse por qué izquierdas y derechas, con el asesoramiento de los actuarios, profesores universitarios y técnicos de la SS, finalmente consensuamos en el Pacto de Toledo el actual modelo de pensiones. Con un coste de oportunidad equiparable.” Le agradezco sinceramente el comentario, porque plantea la cuestión con una claridad que a mí me habría costado alcanzar. Hay dos respuestas: una obvia y otra más sutil, aunque, a la postre, más importante. La respuesta obvia es que la economía española de 2026 se parece poco a la de 1995. Y, desafortunadamente, los desarrollos más importantes han ido en la dirección de empeorar la sostenibilidad de las pensiones públicas. Primero, la productividad lleva estancada desde hace tres décadas. Crecemos desde hace años metiendo más gente a trabajar, que no es más productiva, y eso solo agrava el problema a medio y largo plazo. Segundo, la fecundidad sigue muy por debajo del nivel de reemplazo, y lleva tiempo suficiente como para que sus efectos ya estén en la pirámide de población, no en las proyecciones. Lo que podía tener sentido en 1995 ya no lo tiene en 2026. La respuesta más sutil es que todo el argumento es una simple apelación al consenso. Y un acuerdo, entre los representantes de los reciben las prestaciones (los votantes en 1995) y en ausencia de quienes habrán de pagarlas (las generaciones futuras no nacidas o menores de edad en 1995), no constituye un test de solidez técnica. En economía política, el Pacto de Toledo no es prueba de que el modelo fuera bueno. Es el hecho que hay que explicar. Y la explicación es que la política se estudia mejor sin romanticismo. Izquierdas y derechas acordaron en 1995 lo que acordaron porque respondían a los intereses de sus votantes, que son las generaciones beneficiadas por el sistema actual, diseñado por el franquismo en 1963 para ser intertemporalmente insostenible. Siempre me hace gracia, aunque no me sorprende, que los mayores defensores de las estructuras económicas franquistas en España estén hoy en la izquierda. Los perjudicados, en cambio, las generaciones futuras, no estaban representados en el Pacto de Toledo, sencillamente porque no habían votado a nadie. Muchos ni siquiera habían nacido. Ni la izquierda ni la derecha tenían incentivo alguno para proteger sus intereses y los políticos, siempre, responden a los incentivos electorales. Las democracias sufren un problema fundamental: votan los adultos, pero no los menores de edad ni quienes nacerán dentro de tres décadas. Por eso, una y otra vez, las democracias posponen los ajustes. Lo necesario se hace solo cuando no queda más remedio, lo cual suele ser demasiado tarde. Ni yo ni nadie tenemos una solución a este problema. Las dictaduras, de hecho, son todavía peores a este respecto, pues su horizonte rara vez excede el ciclo vital del dictador de turno. Históricamente, esta capacidad de trasladar costes al futuro tenía un límite: el de la capacidad de emitir deuda. Hoy los estados modernos pueden emitir mucho más, y con poblaciones envejecidas, los votantes posponen decisiones clave, no solo en pensiones, sino en decenas de otros retos, con la esperanza razonable de haberse muerto antes de que llegue la factura. La respuesta al comentario de @GLlamazares es, pues, meridianamente transparente para quienes no dependemos de los votos de las próximas elecciones: el Pacto de Toledo no demuestra que el modelo sea sostenible. Demuestra que en 1995 nadie tenía incentivo alguno para hacerlo sostenible.
(autor grafico)
Nota 1: La frase “Con un coste de oportunidad equiparable” emplea incorrectamente el concepto de coste de oportunidad. Pero no merece la pena insistir en ello
¿Cuál es el peor contraargumento posible contra el problema presupuestario que tenemos en España ahora mismo con las pensiones públicas? Que este problema se soluciona de manera indolora si reducimos gastos innecesarios o incrementamos ingresos.
Este contraargumento viene en dos versiones, ambas igual de falaces.
Versión izquierda:
Del lado del gasto: si reducimos el gasto en defensa, Corona, Iglesia o el rescate bancario, hay dinero de sobra.
Del lado de los ingresos: si reducimos el fraude fiscal o conseguimos que los ricos/la banca paguen lo que tienen que pagar, hay dinero de sobra.
Versión derecha:
Del lado del gasto: si reducimos el gasto en “paguitas”, redes clientelares de políticos o el gasto improductivo de las administraciones públicas, hay dinero de sobra.
Del lado de los ingresos: si bajamos los impuestos, se generará mucha más actividad económica y al final habrá más ingresos totales.
Ambas versiones sufren de dos problemas: uno serio y otro catastrófico.
El problema serio es de órdenes de magnitud.
El déficit del sistema contributivo y de clases pasivas en 2024 fue de 60.105 millones de euros, un 3,79% del PIB. Fíjese que hablo del sistema contributivo: estas son las pensiones de quienes pagaron cotizaciones sociales, y no incluye “paguita” alguna (y, por favor, mire los números bien, un presupuesto hay que entenderlo; no bajarse una tabla aleatoria de una página web). Este déficit, además, irá incrementándose a gran velocidad en los próximos años.
Solo por poner un ejemplo: en defensa nos gastamos unos 15.000 millones (ahí va TODO el gasto en defensa, no solo el presupuesto del Ministerio de Defensa). Incluso aunque redujésemos el gasto en defensa a cero, solo cubriríamos el 25% del déficit del sistema contributivo y de clases pasivas.
Y el presupuesto de la Casa Real es de 8,5 millones. Incluso si uno lo multiplica por diez para incluir todos los gastos posiblemente asociados a la Corona que aparecen en otras partidas (y ya es mucho multiplicar por diez), ni empezamos a cubrir nada de magnitud alguna.
Con respecto a los gastos superfluos: he llegado a leer que estos podrían ser de 80.000 millones de euros. Ese número es un absurdo que solo puede decir alguien que nunca ha mirado los presupuestos de las administraciones públicas. En España, las administraciones públicas gastan en pensiones, sanidad, educación e intereses de la deuda. Todo lo demás es poca cosa.
Con los ingresos pasa lo mismo: los números no cuadran por un orden de magnitud en cuanto uno es realista.
Pero el verdadero y catastrófico problema del contraargumento, en sus versiones de izquierda y de derecha, es que ignora el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad.
Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra. Supongamos que España logra reducir el gasto público un 3% del PIB recortando aquello que cada cual considera menos prioritario.
La pregunta clave es: ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos?
Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos.
Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%?
Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible.
Pero este es precisamente el gran reto de España. Nadie, ni izquierda ni derecha quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones.
La única diferencia entre la izquierda y la derecha en España es la falacia infantil que cada cual se cuenta para evitar afrontar el problema. Al final del día, todos son igual de irresponsables. Y mientras tanto, el déficit crece y el reloj demográfico no se detiene
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