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Pensiones y racionalidad

Un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y uno contributivo. Lamentablemente, nuestro sistema es casi exclusivamente de reparto

 n mi entrada anterior, junto a Luis Garicano y Tano Santos, hablé de la urgencia de que España apostase decididamente por una agenda de crecimiento económico. Esta apuesta solo será viable si saneamos las cuentas públicas.

Las últimas semanas de debate sobre la revalorización de las pensiones y su agitado trámite parlamentario demuestran que nuestro Estado del bienestar atraviesa una situación muy compleja y que, sin embargo, una solución política parece inalcanzable. Todos los partidos han demostrado ser rehenes de la realidad electoral: en España, solo se ganan elecciones con el voto de los jubilados.

Más preocupante aún es el nivel del debate en los medios. Al ver extractos de programas de televisión sobre pensiones, es desolador escuchar tanto a los "expertos" como al público luchar contra hombres de paja o ignorar las grandes cifras. Aunque estos debates puedan parecer irrelevantes, revelan un problema profundo de nuestra sociedad: el español medio aún no entiende qué es una restricción presupuestaria ni las magnitudes clave del presupuesto público, tanto en ingresos como en gastos.

Para paliar, en la medida de mis limitadas capacidades, esta situación, inicio hoy una serie de tres entradas titulada "Pensiones y racionalidad", donde explicaré con cierto detalle por qué nuestro Estado del bienestar enfrenta dificultades debido al inexorable crecimiento del gasto en pensiones, qué cifras debemos tener en mente y qué opciones razonables pueden diseñarse para salir de la encrucijada actual.

Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero es reversible por ley

En esta primera entrada, presentaré una serie de ideas básicas para enmarcar el debate. Pido al lector que, incluso si cree conocer bien el sistema de Seguridad Social en España, no se salte esta introducción. Quizás encuentre en ella explicaciones desde una perspectiva distinta a la habitual.

La idea clave es que, en España, como en la mayoría de los países, el sistema de pensiones público es de reparto. Esto significa que las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados de hoy. No existe ningún sentido, ni contable ni jurídico, en el que las cotizaciones pasadas de un pensionista paguen su pensión actual. Esas cotizaciones ya se usaron en su momento para pagar a los jubilados de entonces.

Las bases de cotización de un pensionista solo sirven como referencia en el cálculo de su pensión, pero este cálculo es siempre reversible por ley. No constituye un "derecho" en el mismo sentido en que uno tiene derecho al saldo de su cuenta de ahorros. De hecho, dado el constante vaivén legislativo en España, dudo que haya muchos pensionistas que hayan cotizado bajo un mismo marco legal a lo largo de toda su vida laboral y recibido su pensión de retiro con este. A menos, claro, que trabajaran muy pocos años y murieran poco después de jubilarse, antes de que las Cortes tuvieran tiempo de cambiar nada. 

Algunos comentaristas califican nuestro sistema de pensiones como un esquema de Ponzi porque depende de la entrada constante de nuevas generaciones de trabajadores. Si todos los trabajadores de España se retiraran a la vez, no habría ingresos para pagar las pensiones.

Sin embargo, esta calificación presenta dos problemas. El primero es que, paradójicamente, los esquemas de Ponzi (o las burbujas, en términos más generales) pueden aumentar el bienestar agregado de una sociedad. Una de mis preguntas favoritas en los exámenes de macroeconomía plantea un modelo sencillo en el que la creación de una burbuja, al inflar artificialmente el valor del colateral, permite a las empresas con ideas innovadoras obtener la financiación necesaria para invertir. En ciertas condiciones, una burbuja puede ser útil. Desde esta perspectiva, llamar a algo esquema de Ponzi no lo hace bueno ni malo. Sin embargo, me temo que ni el público ni muchos economistas comprenden este matiz, y el término carga con una connotación negativa. De hecho, así es como lo usan los críticos del sistema.

El segundo problema de llamar a la Seguridad Social un esquema de Ponzi es que sugiere que un sistema de reparto es una estafa piramidal. No lo es; es un mecanismo de reparto de riesgos entre generaciones.

 

Veamos qué significa esto. Imaginemos que, en lugar de un sistema de reparto, existiera un sistema de capitalización. En este modelo, cada trabajador contribuiría a un fondo de pensiones y, con el tiempo, usaría esas contribuciones y los rendimientos obtenidos para financiar su jubilación. Este sistema podría estar gestionado por el Gobierno o por una entidad privada (de manera similar, un sistema de reparto puede ser privado, como en muchas mutuas a lo largo de la historia).

Por ejemplo, yo tengo un plan de jubilación en Estados Unidos llamado 403(k). Mi universidad y yo aportamos al plan cada mes hasta un límite fijado por el Gobierno. El dinero es mío y decido, con ciertas restricciones, dónde invertirlo. La empresa que lo gestiona, en mi caso TIAA (una entidad sin ánimo de lucro cuyos beneficios se reinvierten en los titulares de los planes), actúa solo como custodio de mis activos financieros y cobra una pequeña comisión anual de gestión, que en mi caso es del 0,1% de mis activos totales.

Se puede demostrar que un sistema de capitalización genera rendimientos medios más altos que los rendimientos implícitos de un sistema de reparto. En un sistema de reparto, el rendimiento es igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo, menos uno. Un ejemplo numérico ilustra esta idea. 

Pensemos en una economía simple con un sistema de reparto puro, sin superávit ni déficit: cada generación cotiza exactamente lo necesario para pagar las pensiones de la anterior.

En el primer período (supongamos que cada período dura 35 años), hay 100 trabajadores, cada uno con un salario de 200 euros. Pagan una cotización social del 40% (80 euros), lo que les deja un salario neto de 120 euros.

En el segundo período, los 100 trabajadores anteriores se han jubilado y una nueva generación entra en el mercado laboral con 110 trabajadores (el empleo ha crecido un 10%, o una tasa bruta de 1,1). Cada trabajador ahora gana 250 euros (la economía ha crecido un 25%, lo que ha elevado los salarios en la misma proporción, con una tasa bruta de 1,25). Siguen pagando una cotización social del 40% (100 euros). Todas las cifras están en valores reales, es decir, ya descontado el efecto de la inflación.

Es decir, que en el segundo período, la recaudación total por cotizaciones sociales es de 11.000 euros (110 trabajadores pagando 100 euros cada uno). Al repartirse entre 100 jubilados, cada uno recibe 110 euros, o una tasa de reemplazo del 91,66% (110 euros de pensión/120 salario neto). Como en el período anterior la cotización social fue de 80 euros, la tasa de rendimiento del sistema de reparto es 110/80 = 37,5%. Si multiplicamos la tasa bruta de crecimiento del empleo (1,1) por la tasa bruta de crecimiento de la economía (1,25) y restamos uno, obtenemos exactamente ese 37,5% (1,1×1,25-1 expresado como porcentaje).

 

En comparación, un sistema de capitalización genera un rendimiento medio igual a la tasa de crecimiento bruto de la economía multiplicada por la tasa de crecimiento bruto del empleo y multiplicado por la inversa de la tasa de descuento intertemporal de la economía, menos uno. Aquí el lector tendrá que confiar en mi palabra: explicar este resultado sin matemáticas es complicado (y, además, hay ciertas sutilezas sobre el significado exacto de la "tasa de descuento intertemporal de una economía"). Lo único que tiene que entender el lector es que, dado que la inversa de esta tasa de descuento intertemporal es mayor que uno, el sistema de capitalización ofrece mejores medios rendimientos que el sistema de reparto precisamente por este factor.

La palabra clave aquí, sin embargo, es "medio". Mi plan 403(k) enfrenta dos riesgos. El primero es que, justo cuando me jubile (o poco después), una crisis financiera reduzca drásticamente el valor de mis activos. Esto le ocurrió a un buen amigo del doctorado: se retiró en mayo de 2019 y, pocos meses después, llegó la pandemia, lo que le dejó en dificultades hasta que la bolsa se recuperó. Se puede intentar mitigar este riesgo trasladando la inversión a activos más seguros, como deuda del Estado, a medida que se acerca la jubilación. Sin embargo, calibrar la velocidad de transición es complejo. Además, mantener una cartera excesivamente conservadora, incluso después de jubilarse, rara vez es la mejor estrategia de inversión.

Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Pero estas suelen ofrecer rendimientos bajos

El segundo riesgo es el de supervivencia: si me jubilo a los 67 años, no sé cuánto tiempo viviré y debo calcular una tasa de retiro segura. Es decir, la cantidad mensual que puedo extraer de mi plan de jubilación para evitar quedarme sin dinero antes de morir, pero también sin acumular más riqueza de la que podré disfrutar (o que quiera dejar en herencia).

Si el lector cree que calcular una tasa de retiro segura es sencillo, se equivoca. El amigo al que me refería antes ha pasado décadas estudiando este problema: era su campo de trabajo profesional y el hecho de que pudiera jubilarse a los 45 años con dinero de sobra para irse a viajar por el mundo con su familia debería bastar para demostrar que muchas personas en el mercado de capitales internacional confiaban en su inteligencia. Y sí, era, con diferencia, el más brillante de mi clase de doctorado en Minnesota.

Aún hoy, los planes de jubilación tienen un trato fiscal poco favorable y, peor aún, soportan comisiones de gestión abusivas

Para cubrirse ante el riesgo de supervivencia, uno puede comprar una renta vitalicia. Sin embargo, estas suelen ofrecer rendimientos bajos porque el asegurado sabe más que el banco sobre su propia salud (y la de sus padres, que es un buen predictor de la suya). Además, lo que es casi más grave, está el riesgo de que la entidad financiera que vendió la renta vitalicia quiebre. En comparación, que la empresa que gestiona mi plan de pensiones quiebre no es más que un incordio menor: es solo la custodia de mis activos, que han sido siempre míos y, por el diseño del sistema, no han podido ser trasladados a ningún sitio.

Un sistema de reparto cubre, al menos parcialmente, estos dos riesgos. Si una crisis financiera grave golpea la economía en torno a mi edad de jubilación, el Estado puede emitir deuda pública para cubrir déficits transitorios del sistema y sostener el valor de las pensiones (o reducirlo mínimamente). Además, la pensión de reparto se cobra de forma vitalicia, distribuyendo el riesgo de supervivencia entre todos los participantes.

Por ello, un sistema de jubilación sensato en una sociedad moderna debe estructurarse en torno a dos pilares: un pilar de reparto y un pilar contributivo (que puede ser gestionado por el Estado central). 

Lamentablemente, en España, nuestro sistema de jubilación es casi exclusivamente de reparto. Hay dos razones clave para ello.

La primera es que, históricamente, nuestros mercados financieros eran pequeños e ineficientes, lo que dificultaba la creación de un sistema de capitalización privado. Se podría haber creado un sistema de capitalización público, pero la tentación de optar por el reparto es irresistible para cualquier político. El reparto permite que la primera generación cobre pensiones elevadas tras haber aportado poco o nada.

Aquí es donde quienes critican el reparto como un esquema de Ponzi aciertan: los primeros en llegar se benefician enormemente, generando lealtades electorales duraderas. El mejor ejemplo es el de Ida May Fuller, la primera persona en cobrar una pensión del Sistema de Seguridad Social de Estados Unidos. Ida contribuyó con 24,75 dólares y recibió 22.888,92. Aunque los cobros deberían ajustarse por inflación, en términos nominales, recuperó 925 veces su aportación. Sospecho que Ida siempre vio con buenos ojos al Partido Demócrata, creador del sistema que tanto la benefició.

Con un sistema de reparto, cambiar a uno de capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces

La segunda razón es que, aún hoy, los planes de jubilación tienen un trato fiscal poco favorable y, peor aún, soportan comisiones de gestión abusivas. Que en España las gestoras cobren comisiones de hasta el 1,5% es un saqueo difícil de justificar sin aludir a las barreras de entrada del sector.

El gran problema es que, una vez instaurado un sistema de reparto, cambiar a uno basado en la capitalización es casi imposible. Una generación tendría que pagar dos veces: las cotizaciones sociales para cubrir las pensiones actuales y las contribuciones a su propio plan de jubilación. Por más que se hagan números, casi nunca cuadra.

A veces veo cálculos en redes que intentan justificar que esto es viable, pero se desploman como castillos de naipes en cuanto se toman en serio las tasas de retorno y el riesgo. AQR Capital Management no se ha perdido ningún genio por no contratar a los autores de estos cálculos. 

Se puede y se debe avanzar en España hacia introducir un componente de capitalización en el sistema de pensiones (de entrada, eliminando barreras de entrada en el mercado de gestión de planes de pensión), pero esto es un refuerzo de otras medidas de reforma del sistema, no la solución a nada.

El problema fundamental de nuestro sistema de reparto es que la recaudación de las cotizaciones sociales en este momento es muy insuficiente para cubrir las pensiones actuales. Según las cifras preparadas por Ángel de la Fuente, el sistema contributivo en su conjunto (hay que considerar todos los componentes del mismo, como las clases pasivas; es decir, el antiguo régimen a extinguir de los funcionarios) entró en déficit en 2010. Desde aquel año, el déficit contributivo no ha hecho más que crecer de manera prácticamente ininterrumpida.

En el avance presupuestario de 2024 (los números finales aún pueden variar mínimamente antes de la liquidación definitiva), el gasto en pensiones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros (precios de 2024), un 14,26% del PIB de España.

Vale la pena detenerse en lo que esto significa: uno de cada siete euros que genera la economía española se destina al pago de estas pensiones contributivas y de clases pasivas. 

Esto no implica, por supuesto, que los pensionistas contributivos y de clases pasivas solo reciban esa proporción del PIB. Perciben muchos otros ingresos adicionales.

Un ingreso adicional y que casi siempre se nos olvida es el de los alquileres de las viviendas en propiedad. España cumple, al elaborar su contabilidad nacional, con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. El sistema europeo, como prácticamente todos los sistemas de contabilidad nacional, considera que el alquiler de las viviendas ocupadas por sus propietarios forma parte de la producción, la renta y el gasto en consumo final de los propietarios.

¿Qué significa esto? Imaginemos que Pedro, un jubilado con una pensión contributiva de 28.000 euros anuales, vive en una vivienda de su propiedad. Si la pusiera en el mercado de alquiler, podría obtener 2.000 euros al mes, o 24.000 euros anuales. En términos de PIB, se computa que Pedro genera una producción de servicios inmobiliarios de 24.000 euros que se "auto-vende", lo que convierte esa cantidad tanto en parte de su renta (ingresos de capital) como de su consumo. Además, dado que el IBI en España es comparativamente bajo, estos 24.000 euros de renta del capital están muy bien tratados fiscalmente. En otras palabras, la renta nacional que se lleva Pedro no son solo los 28.000 euros de su pensión, sino 52.000 euros: su pensión más el alquiler imputado.

Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España, su participación en la renta nacional es mayor que el 14,26%

¿Por qué la contabilidad nacional sigue este criterio? Para que el PIB no varíe según quién sea el propietario de la vivienda. Si Pedro vendiera su casa a su prima María Jesús y le pagara un alquiler mensual con los intereses generados por la venta, el PIB no debería cambiar. El servicio de vivienda (Pedro viviendo en la misma casa) sigue siendo el mismo. (Sí, hay pequeños detalles como impuestos o costes de mantenimiento que aquí omito).

Esto implica que una parte significativa de las rentas del capital va a los propietarios de vivienda, muchos de ellos que no son "ricos" bajo ninguna definición razonable. Seguramente, Pedro no se considera un "capitalista", pero lo es. Dado el enorme volumen de vivienda en manos de jubilados en España (y otras propiedades y rentas que poseen), su participación en la renta nacional es mucho mayor que el 14,26%.

En 2024, el gasto del sistema ascendió a 242.253 millones, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos fueron de un 11,10% del PIB

Volvamos a ese 14,26% del PIB que representan las pensiones contributivas y de clases pasivas. El problema es que las cotizaciones sociales contributivas en 2024 fueron solo de 166.136 millones de euros, un 10.47% del PIB. Es decir, el sistema contributivo y de clases pasivas tuvo un déficit de 60.105 millones de euros, un 3,79% del PIB. Esto sin contar los gastos de gestión, aunque estos últimos son mínimos (2.307 millones de euros) y no provienen exclusivamente del sistema contributivo puro.

Pero este no es el déficit total del sistema. Además de las pensiones contributivas, hay que sumar el gasto en prestaciones no contributivas (algunas, aunque muy pequeñas, de carácter sanitario) y los costes de administración del sistema.

Por el lado de los ingresos, el sistema cuenta con aportes adicionales de escasa cuantía y una parte de las cotizaciones sociales que provienen de bases de cotización superiores a las que generan la pensión máxima. Estas últimas pueden considerarse un impuesto no contributivo.

 

En 2024, el gasto total del sistema ascendió a 242.253 millones de euros, un 15,27% del PIB, mientras que los ingresos, sin transferencias del Estado, fueron de 176.047 millones, un 11,10% del PIB, lo que dejó un déficit total de 66.206 millones de euros, equivalente a un 4,17% del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos (que, al final del día, son lo mismo).

Para poner esta cifra en contexto: el déficit total de las administraciones públicas en España en 2024 cerrará en torno al 3% del PIB. Es decir, sin el déficit del sistema de pensiones, el conjunto de las administraciones públicas tendría superávit este año.

En mi siguiente entrada explicaré cómo este déficit del 4,17% condiciona por completo el presupuesto público en España y cómo, al crecer rápidamente en los próximos años, agravará aún más la situación fiscal. Conviene recordar que el sistema estaba en superávit en 2009 (+0,31% del PIB). En solo 15 años, su saldo presupuestario ha caído 4,48 puntos del PIB y lo peor está por llegar. Desde mi perspectiva, este es el mayor desafío presupuestario al que nos enfrentamos.

 

 

Jesús Fernández-Villaverde

En mi primera entrada de esta serie sobre pensiones y racionalidad, señalé cinco aspectos básicos de la situación actual de nuestro sistema público de pensiones.

Primero, España tiene un sistema público de pensiones de reparto en el que las cotizaciones de los trabajadores actuales financian las pensiones (y otras prestaciones contributivas) en curso. Las cotizaciones pasadas ya se usaron para pagar prestaciones en su momento. De hecho, esas cotizaciones ni siquiera fueron suficientes en el pasado, ya que el sistema arrastra déficits contributivos desde 2010.

Segundo, los pensionistas actuales no tienen "derechos" acumulados sobre su pensión en el sentido jurídico estricto del término, como sí los tiene, por ejemplo, el propietario de una vivienda sobre la misma. Las bases de cotización pasadas son simplemente un elemento del cálculo de la pensión, que puede modificarse por ley en cualquier momento, aumentando o reduciendo los pagos del sistema. Esta ausencia de un "derecho" a una pensión concreta no es una interpretación personal mía, sino lo que establece nuestro sistema jurídico. Cualquier "derecho" es un "derecho moral" que depende de la valoración subjetiva de cada persona de lo que es "justo" o deja de serlo.

Tercero, el sistema actual tiene un déficit descomunal que, además, no deja de crecer. Según los datos más recientes de 2024, el gasto en prestaciones contributivas y de clases pasivas ascendió a 226.242 millones de euros, mientras que las cotizaciones sociales y de clases pasivas fueron de 174.250 millones de euros, lo que deja un déficit de 51.992 millones de euros. Si además excluimos las cotizaciones no contributivas, el déficit asciende a 60.136 millones de euros.

 

Cuarto, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de la diferencia entre prestaciones contributivas y de clases pasivas y las cotizaciones que las financian. En particular, este déficit no incluye:

1. Ni un solo euro en prestaciones no contributivas. Esto es absolutamente clave. Una y otra vez se repite en prensa y televisión que el déficit del sistema público de pensiones proviene de las prestaciones no contributivas, pero esto es rotundamente falso.
2. Ni un solo euro en los gastos de gestión del sistema. Estos 51.992 millones de euros de déficit son antes de pagar cualquier sueldo de funcionarios de la Seguridad Social o de cubrir los gastos operativos, como la electricidad que consumen los ordenadores que procesan los pagos. De hecho, los gastos de gestión del sistema son marginales en comparación: 2.307 millones de euros.
3. Ni un solo euro en todos esos mitos que constantemente se repiten como causas del déficit del sistema. No proviene de las "paguitas" a inmigrantes (que no se contabilizan en esta parte de las cuentas públicas), ni de un supuesto "despilfarro" en tal o cual cosa. Como respondía el otro día a un comentario, estos 51.992 millones de euros de déficit provienen exclusivamente de las prestaciones contributivas pagadas a los "españoles de España" que cotizaron toda su vida (o a sus esposos en caso de viudedad).

Quinto, el déficit total del sistema (con gastos de gestión y prestaciones no contributivas) asciende a 66.206 millones de euros, un 4,17 % del PIB, que el Estado central ha cubierto con transferencias y préstamos. Y sí, al final del día, transferencias y préstamos son lo mismo: dinero que sale de otra parte del Estado para cubrir un déficit de otra parte del Estado 

Recomendaría al lector que tenga siempre presentes estos cinco puntos básicos sobre nuestro sistema público de pensiones. Solo con conocerlos, se dará cuenta de que el 95% de lo que se dice o se escucha en prensa y televisión sobre este tema es incorrecto. Son datos objetivos, no opiniones.

En esta segunda entrada quiero completar tres tareas. Primero, explicaré por qué la tan cacareada "hucha de las pensiones" es un fraude contable. Segundo, argumentaré que el creciente déficit del sistema amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Tercero, analizaré por qué algunas de las supuestas "soluciones" al problema de las pensiones no son tales.

Empecemos por la "hucha de las pensiones". Hace unas semanas, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, alardeó que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (el nombre oficial de la "hucha") había llegado a 9.378 millones de euros a finales de 2024 y que llegaría a 14.000 millones a finales de 2025. Estas cifras deberían hacer sospechar al lector de inmediato. Como mencioné anteriormente, el déficit total anual del sistema es de 66.206 millones de euros. Es decir, los 9.378 millones de euros de la hucha cubren menos de 52 días de déficit del sistema.

 

Pero más allá de lo irrisoria que resulta la cifra en comparación con la magnitud del problema, lo más importante es entender qué se está haciendo realmente. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones creó el mecanismo de equidad intergeneracional, "una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social". En otras palabras, los trabajadores y las empresas pagan una cotización extra que, en vez de considerarse un ingreso del sistema, se contabiliza en una cuenta separada.

Pero como el sistema está en déficit y este déficit se financia en el margen con deuda pública, el contabilizar por separado los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional y con ello reducir los ingresos "regulares" del sistema de pensiones, lo único que estamos haciendo es crear una deuda pública por un monto exactamente igual al de la "hucha". Cada euro que entra en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un euro adicional de deuda del Estado. El efecto neto total es cero (de hecho, el Fondo de Reserva se invierte en deuda del Estado, lo que deja aún más claro que esto es un juego de trileros).

Dado que estos conceptos contables pueden resultar difíciles de seguir para quienes no están especializados en el tema, pongamos un ejemplo. Imaginemos que en 2025 usted planea gastar 30.000 euros, pero solo ganará 25.000 euros con su salario habitual, por lo que prevé un déficit de 5.000 euros. Para reducirlo, decide trabajar unas horas extra los fines de semana y gana 1.000 euros más.

Ahora tiene dos opciones para cubrir el déficit:

1. Pedir un préstamo de 5.000 euros a su cuenta corriente (donde tiene fondos suficientes gracias a sus ahorros pasados) e ingresar en esa misma cuenta los 1.000 euros de las horas extra. En su cabeza, usted se "auto-debe" 5.000 euros, pero sabe que tiene 1.000 euros en una "hucha de horas extra" dentro de su propia cuenta, con lo que su situación no es tan grave.
2. Gastar directamente los 1.000 euros de las horas extra y pedir un préstamo de 4.000 euros a su cuenta corriente.

¿Hay alguna diferencia entre deberse 5.000 euros con 1.000 en la hucha o 4.000 euros sin hucha? Ninguna. Pues bien, este es exactamente el fraude contable de la "hucha de las pensiones": separar ciertos ingresos (en mi ejemplo, el salario de las horas extra; en el sistema de pensiones, los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional) para hacer creer que existe un colchón de reserva (1.000 euros en el ejemplo, 9.378 millones en el sistema) cuando la deuda neta total sigue siendo la misma. Sí, tenemos 9.378 millones de euros en el Fondo de Reserva, pero también tenemos 9.378 millones de euros de deuda del Estado adicional.

Si bien es razonable considerar los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional al evaluar la salud financiera del sistema o la posibilidad de revalorizar las pensiones, llenar el Fondo de Reserva con esos ingresos y argumentar que eso garantiza la sostenibilidad del sistema es, sin rodeos, un fraude diseñado para engañar a los votantes.

Mi segunda tarea es argumentar que el creciente déficit del sistema de seguridad social amenaza con arrastrar por completo nuestras cuentas públicas. Como resumía al principio de la entrada, el sistema tiene un déficit total del 4,17% del PIB y el mismo irá aumentando durante las próximas décadas. Según las previsiones que la Dirección General de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía del Gobierno de España incluidas en el 2024 Ageing Report de la Comisión Europea, el gasto total del sistema público de pensiones alcanzará un máximo del 17.3% del PIB en 2050, aproximadamente cuatro puntos adicionales de PIB con respecto al gasto en la misma partida en 2024.

Para comprender el peso de esta cifra, en 2023 (último año con datos cerrados), el gasto en prestaciones sociales, educación, sanidad y el pago de intereses de la deuda pública representó el 31,4% del PIB. Llamaré a este conjunto el "gasto intocable" porque ningún político en España se atreve a defender en televisión la reducción de estos servicios, y dejar de pagar la deuda es una locura que ni merece ser discutida. Todo el resto del gasto de las administraciones públicas, desde defensa (0,9% del PIB) y seguridad ciudadana (1,8%) hasta protección del medioambiente (1,0%), lo llamaré "gasto tocable". En 2023, este representó el 14,0% del PIB.

Saltemos ahora a 2050 y asumamos que el sistema actual de pensiones sigue en vigor, con las previsiones de gasto del Ministerio de Economía, y que el resto del "gasto intocable" se mantiene. Este es un supuesto "heroico" dada la evolución esperada del déficit (y los consiguientes pagos de intereses) y el aumento del gasto sanitario derivado del envejecimiento, que superará con creces los ahorros en educación por la reducción del número de estudiantes. Con estas hipótesis, el "gasto intocable" subiría al 35,4% del PIB. Para que el gasto público total no sobrepase el nivel de 2023, el "gasto tocable" debería reducirse del 14,0% al 10,0% del PIB.

La realidad es aún peor. En 2023, las administraciones públicas tuvieron un déficit del 3,5% del PIB ("gasto intocable" de 31,4% más "gasto tocable" de 14,0% menos una recaudación del 41,9%). Si en 2050 quisiéramos equilibrar las cuentas con las previsiones de gasto actuales, el "gasto tocable" debería caer al 6,5% del PIB. Es simplemente imposible mantener un Estado moderno con un 10,0% del PIB (y mucho menos con un 6,5%) de "gasto tocable". Incluso los Estados liberales del siglo XIX, que no ofrecían muchos servicios públicos que hoy se consideran esenciales, gastaban más.

En resumen, durante los próximos 25 años, todas las cuentas públicas estarán dominadas por el envejecimiento y el gasto en pensiones y sanidad asociado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este gasto inminente?

Las cifras anteriores nos llevan a la tercera cuestión de esta entrada: por qué algunas de las supuestas "soluciones" al problema de las pensiones no lo son. En particular, analicemos el argumento más repetido: "No habría problema de pensiones si eliminásemos el despilfarro público".

El significado de "despilfarro" varía según la ideología del comentarista: para algunos, son los gastos en asesores o comunidades autónomas; para otros, el gasto en defensa o el rescate bancario. Este argumento tiene dos defectos: uno grave y otro catastrófico. Como ya hemos visto que el gasto en defensa es minúsculo (un 0,9% del PIB en 2023) y el rescate bancario hace mucho tiempo que ya se pagó, me centraré en algunos de los "unicornios" de la derecha: el gasto en asesores o comunidades autónomas.

El defecto grave es que los gastos en asesores, coches oficiales y otros conceptos, tanto en el Estado central como en las administraciones autonómicas y locales, representan una fracción mínima del gasto total. Recordemos: todo el "gasto tocable" es el 14,0% del PIB, e incluye, por ejemplo, los sueldos de militares, policías, jueces, personal de limpieza municipal o el mantenimiento de carreteras y faros. Aunque casos como el de David Sánchez me indignan tanto como a cualquiera, en términos relativos, lo destinado a estos rubros es insignificante.

Alguien podría argumentar que también hay despilfarro en el "gasto intocable". Tal vez un sistema centralizado de educación y sanidad sería más eficiente que el actual modelo autonómico. Pero, en el mejor de los casos, los ahorros se medirían en miles de millones de euros, no en decenas. Basta con comparar el coste de los sistemas educativos y sanitarios en países europeos centralizados, que suelen ser incluso más caros que el español. El grueso del gasto autonómico se destina a educación, sanidad y prestaciones sociales. Todo lo demás, por mucho que me indigne (cada vez que veo la última ocurrencia de la Junta General del Principado de Asturias me hierve la sangre), es marginal.

Opinión

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Lo mismo ocurre con algunas prestaciones sociales. Se podrían reducir o eliminar las famosas "paguitas". Y pocas personas hay más partidarias que yo de cortarlas de manera radical e inmediata. Pero el gasto en estas ayudas es mínimo. El verdadero coste se va en pensiones contributivas para los "españoles de España" y en su sanidad.

En resumen, ¿existe grasa en el presupuesto público? Sí. ¿Cuánto? Después de muchos años pensando en este tema, calculo que un 3% del PIB: un 2% en "gasto tocable" y un 1% en "gasto intocable". Cualquiera que le diga otra cifra le está mintiendo para venderle un "crecepelo para calvos". Entiendo que sea más cómodo creer que el despilfarro es masivo y que recortarlo solucionaría todo. Pero eso solo evita afrontar la realidad: la necesidad de ajustes fiscales profundos. Yo le hablo como a un adulto y le digo la verdad.

Volvamos a los números. Supongamos que recortamos un 1% del PIB en "gasto intocable" y un 2% en "gasto tocable". En 2050, el "gasto intocable" sería del 34,4% del PIB y el "gasto tocable" del 12%, sumando un total de 46,4%. Con la misma recaudación que en 2023 (41,9% del PIB), tendríamos un déficit del 4,3% del PIB o la necesidad de subir impuestos en esa proporción.

Para entender el impacto, recordemos que el IVA recauda en España aproximadamente el 6,3% del PIB. Es decir, para cubrir ese déficit del 4,3% del PIB exclusivamente con subidas del IVA —y suponiendo que no afectara a la economía— el tipo general tendría que subir del 21% al 35%. Y como tal subida sí tendría efectos negativos, la carga impositiva real tendría que ser aún mayor.

El defecto catastrófico del argumento "basta con eliminar el despilfarro" es que ignora el principio más básico de la economía: el coste de oportunidad. Este se define como el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al gastar dinero en un área en lugar de otra.

Supongamos que España logra reducir el gasto público un 3% del PIB, como mencioné antes. La pregunta clave es: ¿por qué ese 3% debería destinarse a pensiones y no a educación, sanidad, infraestructuras, vivienda o reducción de impuestos? Y da igual que el ajuste sea del 3% o del 9%. Nunca habrá dinero para todo: siempre se podrá gastar más en educación o sanidad, o bajar aún más los impuestos.

Como sociedad, la pregunta fundamental es: dado nuestro PIB total, ¿cuánto deberíamos gastar en pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas? ¿El 15% del PIB? ¿El 25%? ¿El 50%? Cada euro extra destinado a pensiones es un euro que no se puede usar en otro ámbito, y su valor debe medirse según su mejor alternativa posible.

Pero este es precisamente el gran reto de España. Nadie quiere afrontar el problema de fondo: con un sistema de reparto y una población envejecida, hay límites estrictos a cuánto podemos gastar en pensiones.

¿Qué soluciones realistas tenemos? Primera: el crecimiento económico. Un PIB mayor diluiría el gasto relativo en pensiones. Por eso, en diciembre, junto con Luis Garicano y Tano Santos, escribí un manifiesto por el crecimiento. Pero el crecimiento solo es posible si se contiene el gasto.

En mi tercera entrada explicaré cómo reducir el coste del sistema de seguridad social y reconducir las cuentas públicas hacia la sensatez. España puede elegir entre la insensatez del PSOE y el PP (que en este tema son indistinguibles) o la racionalidad. Tristemente, con casi total seguridad, elegiremos la insensatez. 

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