¿Posibilidad de reducir la jornada laboral en España,? ¿No se puede hacer mientras crezca la productividad? Dos enfoques
Productividad y salarios: la gran divergencia del mercado laboral
La quiebra del vínculo entre ambos conlleva a una progresiva pérdida de peso de la masa salarial en la renta nacional
N Alvarez
La reciente encuesta del instituto 40dB sobre la situación laboral en España ofrece una fotografía interesante de nuestro mercado de trabajo: dos de cada tres españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la conciliación de la vida laboral y familiar emerge como una importante prioridad y se instalan los temores de la mayoría respecto a la inteligencia artificial.
Ahora bien, si hay un resultado particularmente significativo en la encuesta es la generalizada desafección de los españoles con sus salarios: un 45% están insatisfechos con lo que ganan. El salario irrumpe de hecho como el aspecto laboral que más preocupa a la ciudadanía, por encima incluso del desempleo o la estabilidad de los contratos.
Y no es para menos, porque los datos avalan en buena medida esta preocupación. Según la Encuesta de Estructura Salarial, el salario mediano de los españoles se sitúa en 21.600 euros brutos al año, siendo el salario más frecuente de 18.500 euros. El 75% de los salarios del país están por debajo de los 32.385 euros brutos anuales y el 25% son inferiores a los 15.215 euros. Es más, según datos de la OCDE, el salario medio real –una vez descontada la inflación– se encuentra prácticamente congelado en España desde hace treinta años, mientras que en las economías de la OCDE se ha incrementado un 32% en este periodo.
Hacer crecer los salarios debe ser por tanto un objetivo de la política económica, aunque esta no es tarea fácil.
El salario que percibe una persona depende de muchos factores, como el sector económico en el que trabaja, el tamaño y tipo de empresa, el sexo, el nivel de cualificación, etc. Pero, de acuerdo con la teoría económica, hay un elemento crucial: a medio y largo plazo, el crecimiento salarial viene determinado por la evolución de la productividad empresarial. Y es lógico, porque difícilmente podemos tener crecimiento sostenido de las rentas sin mejora de la eficiencia de los procesos productivos.
La productividad establece así una suerte de guía al crecimiento salarial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando pasamos de la teoría a realidad? La evidencia empírica nos muestra que productividad y salarios –que históricamente han crecido de la mano– se han desacoplado, de forma que los salarios crecen significativamente menos que la productividad desde hace décadas.
Esto no sucede sólo en España, es una tendencia generalizada en las economías de nuestro entorno, que incluso ha llevado a acuñar entre algunos economistas el término de Great Decoupling –la gran divergencia–. Tal y como se puede ver en los siguientes gráficos, productividad y salarios crecieron de forma muy similar en España hasta principios de la década de 1990, momento a partir del cual se estancan los salarios reales. En la Unión Europea ese desacoplamiento se había producido ya unos años antes.
Las implicaciones macroeconómicas que este fenómeno tiene no son menores, y por eso el FMI, la OCDE y la Comisión Europea le han dedicado diversos informes a esta cuestión. La quiebra del vínculo entre productividad y salarios conlleva, en primer lugar, una progresiva pérdida de peso la masa salarial en la renta nacional, con el consiguiente aumento de las desigualdades económicas (dado que las rentas del trabajo se distribuyen de manera más uniforme entre los hogares que las rentas del capital). El shock energético al que hemos asistido en los últimos dos años, y cómo se ha repartido, habría agudizado aún más esta tendencia, profundizando la brecha entre los salarios y los márgenes de beneficios.
Además, un crecimiento de los salarios estructuralmente inferior al de la productividad tiene otras consecuencias. La productividad fija un tope al incremento salarial, es cierto, pero al mismo tiempo se ve afectada –siguiendo la Ley de Kaldor-Verdoorn– por la evolución de la demanda efectiva, dado que aumentos previstos en los pedidos de las empresas tienden a impulsar su inversión en capital fijo. Precisamente por eso, apostar por la congelación salarial permanente no sólo incrementar la desigualdad; también puede erosionar la demanda de las empresas y, con ello, ralentizar la inversión, la innovación tecnológica y el crecimiento económico.
Las causas de esta gran divergencia entre productividad y salarios no son coyunturales. Responden a importantes tendencias de fondo, como el proceso de globalización y la subcontratación internacional de partes de la cadena de valor, el cambio tecnológico, la erosión del Estado del Bienestar o la menor densidad sindical. Ahora bien, la política económica de los gobiernos no es neutral, y puede influir poderosamente sobre estos factores, sentando las bases para cerrar la brecha.
Aumentar la productividad –a través del impulso a la innovación, incrementando el tamaño empresarial, reforzando la oferta educativa– es crucial para nuestra economía, sin duda. Pero –reconozcámoslo de una vez– con eso no basta para mejorar las rentas salariales. Reconectar de nuevo productividad y salarios exigirá medidas de más hondo calado, orientadas a propiciar un reparto más equilibrado de la distribución funcional de la renta –la que tiene lugar en el mercado, antes de que actúen los mecanismos redistributivos de las administraciones públicas–.
En los últimos años se abandonó la estrategia de devaluación salarial y, con la reforma laboral de 2021, se ha empezado a reequilibrar la negociación colectiva, recuperándose la ultraactividad indefinida de los convenios, situándose la prioridad aplicativa en el ámbito sectorial y poniéndose fin a los contratos por obra y servicio (principal fuente de precariedad de nuestro mercado de trabajo). Son avances que están permitiendo que la negociación colectiva haya podido acordar incrementos salariales en 2023 en el entorno del 3,5%-4,5%.
No obstante, es necesario ir más allá, y desplegar una ambiciosa agenda de medidas de pre-distribución. El riesgo que hoy tenemos no es que se consoliden subidas salariales por encima de la productividad. Es que la congelación de los salarios reales concentre las ganancias de productividad en muy pocas manos y, con esto, se erosione la demanda efectiva, la inversión y el crecimiento. Precisamente por ello, esta agenda de política económica no debiera ser de interés exclusivo para trabajadores y trabajadoras, sino también para millones de empresarios cuyos negocios dependen fuertemente de esa demanda.
Nacho Álvarez es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid
Productividad cayendo y menos horas trabajadas = aumento de costes laborales unitarios = pérdida de competitividad y exportaciones = menos empleo y bajada de salarios + déficit exterior + deuda externa
¿Posibilidad de reducir la jornada laboral en España,? ¿No se puede hacer mientras crezca la productividad?
Durante los últimos años la evolución de la productividad y la jornada laboral no ha sido similar: mientras que la productividad ha experimentado un crecimiento del 28% desde 1985, la jornada laboral media ha permanecido casi estancada, reduciéndose un 5% en este periodo.
Esto no quiere decir que el crecimiento reciente de la productividad en España haya sido satisfactorio. De hecho, no lo ha sido. Es un crecimiento inferior al de la UE, y deben implementarse medidas para reforzarlo. Pero, en todo caso, es un crecimiento
Sin embargo, este incremento (limitado) de la productividad en España no se ha traducido ni en reducciones de la jornada laboral, ni tampoco en mejoras de los salarios reales. De hecho, hace años que el crecimiento de la productividad se desconectó de los salarios
Productividad y salarios reales crecieron paralelamente hasta la década de 1990. A partir de ahí ambas series se desconectan y los beneficios derivados de una productividad creciente dejan de repartirse en el mercado de trabajo.
Es decir, la evolución de la productividad, a largo plazo, establece una suerte de "techo" al crecimiento salarial (o a la reducción de jornada). Pero llevamos años lejos de ese techo, y hay por tanto margen para distribuir más equitativamente las ganancias de productividad.
Una reducción de la jornada laboral (limitada y progresiva como la que se propone en España), puede ayudar a cerrar esta brecha entre productividad y salarios reales, repartiéndose así mejor los incrementos de productividad.
En todo caso, esa medida no está en absoluto reñida con la necesidad de adoptar, simultáneamente, otras políticas que mejoren la productividad de nuestra economía. Ambas cosas son factibles y necesarias: ser más productivos y repartir mejor los avances de una mayor eficiencia.
https://cincodias.elpais.com/economia/2024-02-01/productividad-y-salarios-la-gran-divergencia-del-mercado-laboral.html?ssm=TW_CC
https://x.com/nachoalvarez_
- https://articulosclaves.blogspot.com/2024/09/que-importa-si-crece-el-pibsi-es-por.html
Sobre el vínculo entre costes laborales unitarios y cuotas de exportación, muchas investigaciones reflejan ausencia de relación clara. Existen otros factores distintos a la competitividad-coste que tienen más influencia sobre las exportaciones.
- https://t.co/BxGAGQ3HWe
Qué muestra la evidencia agregada sobre la evolución de las rentas del trabajo y de las rentas por hora trabajada? Pese a los cambios en el tejido productivo, existe una estrecha relación de largo plazo entre ambas
La productividad como base del progreso social
Aunque la renta per cápita depende también de la demografía, de la tasa de empleo y de las horas trabajadas por ocupado, la productividad es el único determinante que no está sujeto a un límite natural y capaz de generar crecimiento sostenido a largo plazo.
Puntos clave
- La medición de la productividad no es sencilla. A nivel agregado se suele medir mediante el cociente del PIB sobre el empleo. Si el empleo se mide por persona ocupada, no se tiene en cuenta que las ganancias de productividad permiten producir más con menos horas.
- La evidencia para la economía española es que el PIB por hora trabajada en paridad de poder de compra lleva décadas mostrando un pobre desempeño, creciendo a tasas reducidas y aumentando la brecha respecto a las economías más avanzadas.
- Mientras en EE. UU. la productividad real por hora trabajada ha crecido un 1,5% en promedio anual desde 1995 y en la UE27 un 1%, en España lo ha hecho un 0,6%, lo que explica que la productividad haya pasado de estar un 9,5% por encima de la UE27 en 1995 a un 8,7% por debajo en 2023.
- Adicionalmente, los datos para España indican que el reparto de la renta nacional entre trabajo y capital ha sido bastante estable a lo largo de las últimas seis décadas, lo que resulta hasta cierto punto sorprendente teniendo en cuenta los intensos cambios tecnológicos y de composición sectorial acaecidos desde 1960.
- En vista de estas evidencias, la principal prioridad para España no es el reparto funcional de la renta entre trabajo y capital, sino aumentar el crecimiento de la productividad, cerrar su brecha con la UE y conseguirlo mientras se reduce el desempleo.
Documentos para descargar
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Artículo de prensa (PDF)
Rafael_Domenech_La_productividad_como_base_del_progreso_social_Expansion_WB.pdf Español 12 de febrero de 2024
¿Cómo reducir la Jornada Laboral?
La reducción de la jornada laboral ha sido un tema recurrente en los debates sobre la mejora de las condiciones de trabajo a lo largo de la historia. En España, la jornada laboral está regulada legalmente, con un máximo de 40 horas semanales en promedio anual. No obstante, la negociación colectiva permite adaptar y flexibilizar la jornada laboral, habiéndose pactado reducciones significativas de la misma en numerosos sectores y otros acuerdos que permiten compaginar la eficiencia productiva con la calidad de vida de los trabajadores.
Fedea publica hoy un trabajo de José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y UCM), Jesús Lahera (UCM y Fedea) y Analía Viola (Fedea) en el que se evalúan las propuestas actuales para reducir la jornada máxima legal y sus posibles efectos económicos y sociales. En concreto, se analiza la propuesta del Ministerio de Trabajo de presentar un proyecto de Ley de reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas de media en cómputo anual, posiblemente sin acuerdo social.
En el artículo se argumenta que esta iniciativa política unilateral parte de dos premisas cuando menos discutibles.
La primera es la necesidad de una Ley para reducir la jornada laboral. España tiene una jornada legal máxima dentro de los márgenes habituales en Europa y la negociación colectiva tiene toda la capacidad para reducirla y distribuirla con gran flexibilidad. De hecho, gracias a la negociación colectiva, la jornada laboral semanal media en España se sitúa entre 37 y 38 horas (1.700-1.752 horas anuales).
La segunda es que reducir la jornada laboral por Ley incrementa la productividad y no tiene efectos adversos sobre los costes unitarios de producción. Existe consenso entre los economistas sobre la dirección, al menos dominante, de la causalidad que subyace a la negativa correlación que se observa entre la duración de la jornada y la productividad. El crecimiento de la productividad nos hace más ricos y nos lleva a demandar, entre otras cosas, más tiempo de ocio y, por tanto, una jornada laboral más corta. En la dirección contraria, sin embargo, el efecto no es ni automático ni universal. Hay circunstancias y ocupaciones en las que una jornada más corta puede traducirse en una mejora de la productividad, aunque no necesariamente de la misma magnitud, pero también hay muchas otras en las que esto no es cierto.
Por tanto, cabe esperar que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que se calcula que la medida afectará al 67% de los ocupados según la EPA (o al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo). Esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB. Cabe esperar, además, que las empresas traten de revertir sus efectos sobre los costes en la negociación de futuros convenios.
El articulo también destaca las consecuencias colaterales no deseadas de la medida, como el probable aumento en el uso de las horas extraordinarias, la compensación de la reducción con más días de vacaciones sin un cambio real de las jornadas laborales, la expulsión del tiempo de trabajo efectivo de pausas o permisos, el aumento de contratos a tiempo parcial de escasas horas, o la puesta en riesgo de la desconexión digital si se mantienen exigencias de rendimiento.
Finalmente, los autores argumentan que la reducción de la jornada laboral debe ser devuelta a la negociación colectiva mediante la firma de un gran acuerdo marco entre los agentes sociales con este objetivo. Este acuerdo debería tener cuatro objetivos principales:
- Primero, reducir la jornada laboral, sin modificar la jornada máxima legal vigente, en estrecha vinculación con los márgenes de productividad y organización del trabajo.
- Segundo, revisar los sistemas de distribución horaria flexible, introduciendo garantías para los trabajadores sobre la previsibilidad de sus horarios de trabajo.
- Tercero, reforzar los sistemas fiables de registro horario con un compromiso de evitar horas extraordinarias no retribuidas y un aumento pactado en los convenios de la retribución de la hora extraordinaria.
- Y, cuarto, una mayor integración de la conciliación familiar en el diseño de los sistemas de distribución horaria de las jornadas laborales de los convenios colectivos, evitando el recurso a procedimientos de solicitud individual.
Este acuerdo social marco confirmaría la tendencia generalizada ya existente hacia la reducción de la jornada laboral sin la interferencia arriesgada de una Ley que la imponga sin atender a las necesidades y peculiaridades de los distintos sectores y empresas. Si una ley así es finalmente aprobada, debería prever, al menos, un largo período transitorio antes de su entrada en vigor (de un mínimo de dos años) para permitir la adaptación de la propia negociación colectiva.
Más información
Conde Ruiz, J. I., Lahera, J. y A. Viola (2024). “¿Cómo reducir la Jornada Laboral?” FEDEA Policy Paper no. 2024-02, Madrid
https://www.youtube.com/watch?v=S7rAhrZcVyw
https://t.co/rik16fqRe0
VS
Sobre reducción de duración de jornada de trabajo. Hay muchas empresas que por convenio tienen duraciones anuales que suponen menos de 37,5 horas semanales. Sin embargo, trabajando 40 horas a la semana sus empleados acumulan aprox. 1 día/mes de vacaciones. Si se aprobara límite de 37,5 horas a la semana, estos empleados trabajarían menos horas al día pero más días al año. ¿Salen ganando o perdiendo?
Productividad cayendo y menos horas trabajadas = aumento de costes laborales unitarios = pérdida de competitividad y exportaciones = menos empleo y bajada de salarios + déficit exterior + deuda externa
-El SMI ha pasado de 736 euros en 14 pagas en 2018 a 1.184 euros en 2025: un aumento de 448 euros/mes.
- Con el mínimo exento actual, el 80% de los perceptores del SMI seguirá sin tributar.
- El 20% restante, en el peor de los casos, tributará 25 euros al mes
Las personas solteras sin descendientes o ascendientes deducibles a efectos del cálculo de las retenciones pagarán 300,05 euros al año (21,4 euros/mes, supuestas 14 pagas). Para ellas, el tipo de retención del IRPF sería de cerca de un 2%, según cálculos de Hacienda.
Por su parte, un contribuyente con pareja y que tiene un hijo mayor de tres años tendrá una retención de 99 euros al año. Su tipo de retención no llega al 1%. Sin embargo, un contribuyente con pareja y que tiene un hijo menor de tres años tampoco sufrirá ninguna retención en el IRPF, según los mismos cálculos.
El coste para las arcas públicas
Si Hacienda hubiera decidido volver a adaptar el umbral exento del IRPF a la nueva subida del SMI, el coste para las arcas públicas en 2024 hubiera ascendido a 1.500 millones de euros. Se trataría de una merma de ingresos de una décima del PIB (Producto interior bruto) porque todos los contribuyentes empezarían a pagar el impuesto sobre su renta del trabajo desde un nivel más elevado. Es decir, la Agencia Tributaria perdería recaudación de todos las personas que paguen el IRPF. De hecho, la mayor parte de los 1.500 millones de coste sería por el ahorro de sueldos medios y altos.
Qué es el IRPF
Antes de continuar con las claves técnicas de este debate, es importante volver a la definición del IRPF. El impuesto que pagan las personas físicas por sus ingresos anuales —por trabajar (salarios), pero también por los rendimientos del capital o de actividades económicas (autónomos )—. Es “el eje central de la imposición en España, tanto por razones jurídicas como económicas”, según recuerda el grupo de expertos que publicó 'el libro blanco' para una reforma fiscal en 2022, a petición del primer Gobierno de coalición.
Es el tributo con mayor recaudación [más de 100.000 millones de euros cada año, por delante del IVA y de Sociedades] “y el que permite dar cumplimiento al mandato constitucional de progresividad del sistema tributario”. Es decir, que quienes más ganan, más deben contribuir. Por último, dos apuntes: el 80% de todo lo que recauda es de las rentas del trabajo y las rentas del capital pagan menos, sobre todo las de los más ricos, según se explica en esta información.
SMI y mínimo exento
Otra clave de este debate es si el umbral de renta exento de tributar el impuesto de la renta debe estar ligado al SMI o no. El salario mínimo “nunca estuvo exento de IRPF”, recuerda el economista Daniel Fuentes. “Otra cosa es que el SMI estuviera por debajo del mínimo exento y, por lo tanto, las personas sin más ingresos que el SMI no tributasen. El debate es otro: dónde situar el mínimo exento del IRPF y sobre la escala de progresividad”, continúa.
“Puede que haya buenas razones para que el salario mínimo interprofesional y el mínimo exento de IRPF sean iguales, pero ambas cosas cumplen funciones diferentes y será difícil encontrar alguna con una mínima justificación económica o social”, añade, por su parte, Juan F. Jimeno, experto ligado al Banco de España y presidente de nuevo Consejo Nacional de Productividad.
El salario mínimo ha subido mucho y muy rápido
El salario mínimo rebasó el umbral de ingresos exento del impuesto de la Renta por primera vez en 2022. Fue la primera vez que Hacienda lo adaptó. Algo que ocurrió porque antes el SMI era muy bajo y desde entonces el Gobierno lo ha subido mucho y muy rápido. Exactamente, un 61% hasta este 2025, acercándolo mucho al salario más frecuente.
De esta manera, otra clave de la decisión de Hacienda es que, en 2018, el salario mínimo era “marginal”. Apenas cubría a “unos pocos cientos de miles” de trabajadores y trabajadoras que no estaban bajo el manto de algún convenio colectivo.
Tras las sucesivas subidas del Gobierno de coalición progresista, el salario mínimo ha ido englobando cada vez a más y más gente. En un país de bajos salarios, el objetivo de tener un SMI que sea el 60% del salario medio neto ha ido superando las remuneraciones más reducidas de muchos convenios colectivos, hasta alcanzar a alrededor de 2,5 millones de personas trabajadoras, según los cálculos del Ministerio de Trabajo. Se trata casi del 13% del total de asalariados.
Distintos expertos consultados por elDiario.es lamentan que “si el SMI sigue acercándose al salario más frecuente, mucha gente deja de pagar IRPF. Esto es un problema económico, que muestra que los salarios en nuestro país son muy bajos, y eso es lo que hace que el salario medio esté muy encima del salario más frecuente”. La última derivada de este “problema” es que los salarios en general no han aumentado tanto como el SMI por la pérdida de fuerza de los sindicatos y exigua movilización de los trabajadores.
El 'error de salto' y otros problemas económicos
En el gráfico de esta información, con datos de la Agencia Tributaria de 2023, se observa que las empresas retienen entre un 2% y un 3% del IRPF de los salarios (rentas del trabajo) más bajos, aunque estén exentos de pagarlo. Y también se ve el escalón a partir del salario mínimo. En esta ocasión, Hacienda no va a volver a mover este escalón.
¿Cuánto le retienen a cada sueldo en el IRPF?
Tipo de retención media a los salarios de los españoles en el IRPF según el importe bruto cobrado en 2023
El economista Miguel Almunia, que en una entrada del blog ‘Nada es gratis’ explica cómo funciona técnicamente el IRPF y lo que él denomina las ‘jorobas’ del impuesto, advierte de que este escalón es “un desincentivo” para que la persona que percibe el SMI quiera trabajar más horas (o declarar más renta), e incluso para que la empresa decida subirle el salario. Técnicamente, se conoce como error de salto.
“En definitiva, como suele ocurrir con las políticas tributarias, cada vez que se introduce una medida para solucionar un problema, se generan otros efectos no deseados. Los decisores políticos tienen que sopesar el equilibrio entre sus metas de redistribución y la generación de incentivos favorables a la actividad económica”, concluye este experto.
Un buen número de expertos defiende, además, que el IRPF se debe reforzar como “instrumento de control y gestión, en el que todo el mundo esté dentro”, para, por ejemplo, favorecer la concesión de ayudas o el diseño de políticas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las prestaciones, según señala Luis Zarapuz, del gabinete económico de Comisiones Obreras.
“Pedagogía fiscal”
Las vicepresidentas y ministras de Hacienda y Trabajo, María Jesús Montero y Yolanda Díaz, coinciden en que hace falta “pedagogía fiscal”, pero la segunda insiste en que hay que mirar a los más ricos. Prácticamente, existe consenso entre los expertos en que España necesita una profunda reforma fiscal para que se tapen los agujeros en el impuesto de Sociedades —los beneficios de las grandes empresas han crecido mucho más de lo que lo ha hecho su contribución fiscal—, o para que se iguale la tributación del capital (dividendos, alquileres...) a la del trabajo.
Pero el Gobierno apenas puede abordarla por su debilidad parlamentaria. En las últimas semanas, ha sido incapaz de sacar adelante el gravamen a las ganancias oligopolísticas del sector energético, con el que pretendía aumentar la recaudación en 1.000 millones. Mientras, ha anunciado rebajas fiscales a los propietarios que ingresan rentas por alquilar sus viviendas, a la que hizo referencia la propia Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por otra parte, los argumentos del Ministerio de María Jesús Montero inciden que los informes de la OCDE reflejan que, en España, las rentas bajas y medias soportan un IRPF inferior a la media europea. Además, el salario mínimo tributa en el IRPF en países como Alemania, Francia, Países Bajos o Polonia.
El PP ha entrado en el debate con su receta económica que utiliza en todas ocasiones: la bajada de impuestos. “Reclamamos que deje de expoliar a los españoles y establezca la exención del IRPF hasta el salario mínimo interprofesional”, señaló el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. Además de insistir en que en España se sufre un “infierno fiscal”, Sémper apuntó que “Sánchez y Montero son los únicos que ganan: no ponen nada y lo recaudan todo”.
Las posiciones de los sindicatos mayoritarios
En los sindicatos mayoritarios, hay distintas posiciones. El líder de CCOO, Unai Sordo, ha explicado que el sindicato se centrará en exigir “que cualquier perceptor del SMI tenga garantizado que su salario neto sea al menos el 60% de la media salarial” y que esto se fije por ley. Sordo ya se había pronunciado en estos términos, sin rechazar la tributación en el IRPF, pero insistiendo en que el dinero que llegue al bolsillo de los trabajadores sea el 60% del salario medio
Por su lado, UGT ha lamentado que “no se haya mantenido la exención del IRPF para las personas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional” y ha pedido al Ministerio de Hacienda “abrir un proceso de negociación que permita abordar en profundidad esta cuestión y garantizar que la fiscalidad en España sea verdaderamente progresiva y equitativa”.
La joroba del IRPF
https://nadaesgratis.es/miguel-almunia/la-joroba-del-irpf
¿Cuánto deberían pagar en impuestos las rentas más altas? Si priorizamos la redistribución, los tipos impositivos marginales deberían ser altos. Pero si priorizamos la eficiencia, deberían ser bajos para incentivar la oferta laboral de los trabajadores más productivos. Se trata de una cuestión que genera intensos debates. Sin embargo, hay un consenso generalizado en que las rentas bajas deberían enfrentarse a tipos impositivos menores que las rentas altas, tal como establece la Constitución (art. 31). En España, los tipos marginales para las rentas más altas oscilan entre el 45% en Madrid y el 54% en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, pocos saben (aparte de algunos expertos y la prensa económica) que las rentas entre 18.000 € y 23.000 € también se enfrentan a tipos marginales cercanos al 50%. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué alternativas hay? En esta entrada intento responder a estas preguntas.*
La joroba de los tipos marginales
El Gráfico 1 muestra cómo el tipo marginal efectivo del IRPF es del 0% hasta que se alcanza el salario mínimo interprofesional (15.876 € anuales). A partir de ahí sube al 19%, luego salta abruptamente al 49%, baja al 38% y vuelve a subir al 48%, formando una doble joroba. Después baja al 22% y luego sube progresivamente con la renta.
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Dos aclaraciones: primero, el IRPF sigue siendo progresivo en su conjunto (es el impuesto que más contribuye a la progresividad del sistema, ver aquí). Como muestra el Gráfico 1, el tipo medio efectivo— la ratio entre lo que se paga en impuestos y la renta total—crece con la renta. Los bandazos del tipo marginal solo modifican la pendiente del tipo medio, lo cual puede tener efectos económicos importantes. Segundo, el gráfico muestra la cuota anual, que no siempre coincide con las retenciones mensuales, ya que estas son pagos a cuenta que siguen reglas ligeramente distintas.
Llegados a este punto, ustedes se preguntarán: ¿Con qué objetivo se ha diseñado esta joroba en los tipos marginales del IRPF? ¿Cómo funciona y desde cuándo existe? ¿Qué consecuencias tiene? Y, por último, ¿cómo se podría arreglar?
Todo lo que siempre quiso saber sobre el IRPF y nunca se atrevió a preguntar
Para entender cómo se calcula el IRPF, pongamos un ejemplo sencillo: un trabajador soltero sin hijos que recibe el salario mínimo (€1.134) en 14 pagas, equivalente a una renta bruta anual de 15.876 €. Para calcular la cantidad sobre la que se aplica el impuesto (llamada "base liquidable"), hay que descontar varias cantidades. Primero, se restan varios gastos, como las cotizaciones a la Seguridad Social y otros gastos deducibles. A la cantidad resultante se le llama “rendimiento neto”, que en este caso asciende a 12.848,82€, como se puede ver en la Tabla 1. Después, se aplica la reducción (variable) por rendimientos del trabajo, que es la causante de la joroba y se merece su propia sección.
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La causante de la joroba: La reducción por rendimientos del trabajo
La reducción por rendimientos del trabajo (RRT) existe en el IRPF por lo menos desde la reforma de 1998 (Art. 18). Los sucesivos gobiernos han ido introduciendo ajustes a lo largo de los años (ver aquí), pero ninguno la ha eliminado. En la actualidad, la RRT asciende a 7.302€ para rendimientos netos inferiores a 14.852€, y a partir de ahí se reduce en 1,75 euros por cada euro de renta adicional. Esto implica que cuando la renta (siendo precisos, el “rendimiento neto”) sube en 1 euro, la base sobre la que se aplica el impuesto se incrementa en 2,75 euros. Por lo tanto, si el tipo marginal nominal en ese tramo de renta es del 19%, el tipo marginal efectivo llega hasta el 48,9% (=19%*2,75*(1-6,47%)). Nota: el tercer término de la multiplicación se debe a que, al aumentar la renta, también se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social, que suponen un 6,47% y son un gasto deducible a efectos del IRPF.
Para terminar el cálculo del IRPF, se resta el mínimo personal y familiar**, que para nuestro contribuyente soltero y sin hijos es de 5.550 €. Como se puede ver en la Tabla 1, la base liquidable para este contribuyente es 0 €. Esto no es casualidad: tras aprobar la subida del SMI de 1.080€ a 1.134€ mensuales a principios de este año, el Gobierno introdujo un ajuste en la RRT para garantizar que un trabajador que recibe el SMI no tenga que pagar nada de IRPF (como explicó el Gobierno en su comunicado de prensa).
Consecuencias de la joroba
Como ya sugeríamos al principio de esta entrada, los tipos marginales altos pueden suponer un desincentivo al trabajo. Consideremos un trabajador con un sueldo de 18.000 € anuales. Si su empleador decide subirle el sueldo bruto en 100 €, el trabajador solo vería su renta neta incrementada en 51 €, pues su cuota de IRPF aumentaría en 49 €. Esto genera un desincentivo para que el trabajador quiera trabajar más horas (o declarar más renta), e incluso para que la empresa decida subirle el salario.
Alguien podría argumentar que la joroba solo afecta a un tramo de rentas acotado, entre 18.000 € y 23.000 €. Sin embargo, este tramo es relevante: según las estadísticas de la AEAT para 2022, en ese rango de renta hay más de 2,7 millones de contribuyentes (un 13% del total), como se ve en el Gráfico 2. Además, la inflación de los últimos años ha impulsado el fenómeno de la “progresividad en frío” (de la que ya hablamos aquí). Un análisis reciente del Banco de España muestra que este fenómeno ha tenido un impacto especialmente fuerte en el cuarto decil de la distribución de la renta, que coincide con el rango cercano a los 20.000 € anuales: por cada 1% de subida en la renta, la cuota de IRPF se ha incrementado en un 10% para las personas en ese tramo de renta.
¿Qué pasaría si se eliminara la reducción por rendimientos del trabajo pero no cambiara ningún otro parámetro del impuesto? Los resultados se muestran en las líneas discontinuas del Gráfico 3. Sin la RRT, los contribuyentes con rentas a partir de 9.000€ anuales tendrían que tributar por IRPF. Todos los contribuyentes con rentas menores a 23.000€ soportarían un tipo medio más alto que en la actualidad, mientras que aquellos por encima de ese nivel pagarían exactamente lo mismo que ahora. Este simple ejercicio permite entender la motivación de la joroba: es un mecanismo que reduce la carga impositiva sobre las rentas entre 9.000 € y 15.000 € de tal manera que no afecta a la tributación de las rentas más altas (por encima de los 23.000 €). Los que están entre 15.000 € y 23.000 € pagan menos en IRPF de lo que pagarían sin esta reducción, pero se enfrentan a tipos marginales más altos, lo que puede reducir sus incentivos a trabajar más. En cuanto al coste: según la Memoria de Beneficios Fiscales que publica anualmente el Ministerio de Hacienda, el coste de este beneficio fiscal asciende a más de 1.800 millones de euros anuales (entre la Hacienda estatal y la CC.AA.).
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Posibles alternativas a la joroba
¿Qué alternativas existen para mejorar el diseño del IRPF? Primero, es necesario considerar las restricciones de economía política: ningún gobierno querrá aprobar una reforma que obligue a quienes ganan menos del SMI a pagar IRPF, ya que sería impopular. Además, dada la situación fiscal, no es recomendable una reforma que reduzca los ingresos. Inevitablemente, con estas dos restricciones cualquier reforma generará ganadores y perdedores.
Una opción sería aumentar la cuantía del mínimo personal y familiar, de modo que quienes cobran el SMI no paguen IRPF. Esto reduciría la base imponible para todos los contribuyentes, no solo los de renta baja, por lo que para mantener la recaudación habría que incrementar los tipos marginales en otros tramos de renta.
Otra opción sería mantener la RRT, pero hacer que su eliminación ("phase out") fuera más progresiva--por ejemplo, reduciendo la cuantía de la RRT en 0,50 euros por cada euro de renta adicional. Esto suavizaría la joroba en los tipos marginales, aunque no la eliminaría por completo. Nuevamente, sería necesario subir los tipos en los tramos superiores para mantener la recaudación.
En definitiva, como suele ocurrir con las políticas tributarias, cada vez que se introduce una medida para solucionar un problema, se generan otros efectos no deseados. Los decisores políticos tienen que sopesar el equilibrio entre sus metas de redistribución y la generación de incentivos favorables a la actividad económica.
* Nota: este entrada está motivada por un hilo que publicó en Twitter hace unos días Jon González, que hace una loable labor de divulgación sobre temas económicos.
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